MEXICALI.- Debido a la inasistencia de los representantes
de gobierno, la sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal (SESEA) Anticorrupción en Baja California fue
suspendida por falta de quórum, lo que pone en riesgo el presupuesto para el
ejercicio fiscal del 2021.
El comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sesionó
por última ocasión el 13 de marzo del 2020, cuando los representantes de
gobierno impulsaron la suspensión de la reunión en la que se abordaría el
tema de los “moches” en el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez y la entrega de una
notaría al ex gobernador, Xicoténcatl Leyva Mortera.
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Tras un año sin reunirse, este jueves los integrantes del
órgano de gobierno fueron convocados a sesionar para discutir y aprobar el
presupuesto del 2021, tal y como lo estableció el Congreso del Estado mediante
un transitorio.
Sin embargo, a la sesión acudieron únicamente 6 de los 18
integrantes, 5 ciudadanos y la síndico procuradora del 23 Ayuntamiento de
Ensenada.
Ante la falta de quorum, el presidente del órgano de
gobierno de la SESEA, Eduardo Arredondo Uribe, declaró la suspensión de la
sesión y convocó a una nueva en un plazo máximo de 15 días.
El presidente del organismo comentó que en la sesión
extraordinaria se sometería a discusión el presupuesto de 14 millones para este
2021, sin embargo, la ausencia de los representantes de gobierno se los
impidió, lo que consideró un bloqueo de parte del Poder Ejecutivo.
«Hubo una operación para que no vinieran los funcionarios,
para no tener el quórum que necesitamos; hablaron con ellos, están indicando
que mi presidencia no es legal, que hay otro presidente y que no tenemos las
facultades para hacer esta convocatoria», indicó.
Arredondo Uribe mencionó que el sistema estatal
anticorrupción se convirtió en un órgano incómodo para el gobierno del Estado,
por ello es que han sido atacados de forma constante y ha impedido su
funcionamiento.
«Hay mucha resistencia de los funcionarios del gobierno
del Estado hacia el sistema», expresó.
Agregó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que presuntamente invalidó la conformación del organismo
sigue sin resolverse, lo que también ha impedido trabajar durante todo un año.
El presidente del SEA recordó que hay nombramientos de ciudadanos
al interior del comité de participación ciudadana que no se han realizado,
además de que sigue sin haber un magistrado y un fiscal anticorrupción, cuya
responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
«Hay un patrón muy marcado de sabotaje o impedir que el
sistema fluya o tenga las funcionalidades requeridas», manifestó.
Debido al artículo transitorio aprobado por la actual legislatura,
el órgano de gobierno está obligado a sesionar para acceder al presupuesto de
14 millones que le fue aprobado para este 2021, sin embargo, la ausencia de los
funcionarios lo ha impedido.
Entre los representantes de gobierno que se negaron a
participar se encuentra el Auditor Superior del Estado, Jesús García Castro; la
encargada de despacho de la Secretaría de la Honestidad, Maricarmen Álvarez
Herrera, el Síndico Procurador de Mexicali, Héctor Israel Ceseña Mendoza, así
como sus homólogos en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; y la presidenta del
Instituto de Transparencia, Lucía Ariana Miranda Gómez.
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