Durante dos años, Jaime Bonilla Valdez, gobernador de
Baja California, gastó más en pagar auditorías sobre consumo de agua que en
obras para resolver la escasez de agua en la entidad, y contrató a la empresa
Orca Energy, que cobró más que el proveedor anterior por el servicio de energía
eléctrica indispensable para bombear agua a las zonas menos atendidas
Por Eduardo
Jaramillo y Adelina Dayebi Pazos / Border Hub
En la colonia
Solidaridad Gabriel Rodríguez, el sonido de lavado de trastes y llenado de
tambos de agua por la madrugada se ha vuelto cotidiano.
La señora
Socorro se acuesta con un grifo abierto para que el sonido del agua la
despierte, por si en la madrugada corre con suerte y se restablece el
servicio.
En este barrio
nunca saben cuándo tendrán agua y este año 2021 ha sido el peor para los
colonos, dijo la afectada.
“Si no lleno los
botes, después me quieren vender el tambo en 100 pesos”, dijo Socorro.
Baja California
enfrenta una sequía y desde 1982 el gobierno bombea un porcentaje de agua del
Río Colorado, en Mexicali, para trasladarla a la poblada zona costa del estado.
Bombear el agua
a más de 125 kilómetros era una odisea controlada, pero un cambio de
proveedores causó que, ahora, el agua apenas llegue a varios barrios cercanos
al Pacífico.
Esta
investigación encontró que, en los dos años de su gobierno, Jaime Bonilla
Valdez gastó más en pagar auditorías sobre consumo de agua que en obras para
resolver la escasez de agua en el estado.
También, que
compra energía más cara para bombear el agua hacia el Pacífico, tras haber
cambiado de proveedores.
De hecho, se le
pagó más a Fisamex, el auditor privado que el gobierno usa para cobrar por
derechos de agua, que lo que se invirtió en cualquier obra hidráulica realizada
en los dos años de su administración.
El discurso de
Bonilla es otro: acusa a empresas y a funcionarios públicos de robar el agua.
“Llegaba el
inspector y se ponía de acuerdo (con empresarios) para registrar el consumo
mínimo”, dijo Bonilla el 26 de febrero de 2020 en una reunión con empleados de la
dependencia encargada del agua.
Dos días después
de esas declaraciones, el gobernador contrató a Fisamex con el objetivo de
realizar auditorías a empresas por presuntos adeudos en el servicio de agua.
Desde entonces
el gobierno ha cobrado 1,812 millones de pesos por pagos hechos por las
empresas auditadas, de acuerdo con un reporte oficial publicado el 29 de septiembre de 2021.
En algunas colonias de Tijuana y Ensenada, a las que no
llega el suministro de agua por fallas en el sistema hidráulico, el
gobierno del estado entrega agua con la ayuda de pipas.
Crédito de foto: CESPT
A pesar del
desabasto de agua en las colonias, sólo el 20 por ciento (335 millones) de lo
recaudado por las auditorías de Fisamex se ha invertido en llevarles agua, a
través, por ejemplo, de la compra de nuevas bombas, de reparaciones de
acueductos y de la instalación de tuberías, entre otras acciones.
En cambio, la
empresa Orca Energy, que vendía la energía para bombear el agua, y Fisamex han
cobrado más de 944 millones de pesos en conjunto.
En esta suma
también hay pagos hechos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como
proveedor emergente, que recientemente suspendió el servicio de energía al
acueducto porque se le deben más de 160 millones de pesos
Estas tres
empresas han cobrado el 60% de lo recaudado por las auditorías.
A Fisamex se le
han pagado 350 millones de pesos, una cifra cercana al 21% de lo cobrado, y
para pagar la energía se han destinado 620 millones de pesos, el 38% de lo
recaudado.
En los últimos
años el gobierno del estado ha ampliado el presupuesto para pagar la energía
necesaria para conducir agua en bloque por el acueducto, según la partida
presupuestal 39901.
Pero el
incremento de este gasto se detonó en 2020, con la llegada de Fisamex y Orca
como proveedores.
A esa partida se
le inyectaron 501 millones de pesos extraordinarios, de acuerdo con la cuenta
pública 2020 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT),
la paraestatal responsable de suministrar agua en la ciudad fronteriza.
Y en lo que va
del 2021, la misma partida aumentó otros 460 millones de pesos para la CESPT,
según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia realizada
para esta investigación.
Cuando el
gobierno contrató a Orden Cardinal S.A.P.I. de C.V. (Orca Energy) y canceló el
acuerdo de 15 años que tenía con el proveedor anterior, Sumex, el gobernador
dijo que el objetivo era bajar los costos de energía del acueducto.
Pero desde la
llegada de Bonilla al poder, el 1 de noviembre de 2019, cada metro cúbico de
agua que se bombea a la costa ha sido más caro.
De enero de 2020
a junio de 2021, conducir un metro cúbico (m3) de agua costó en promedio 7.19
pesos.
Y en el mismo
periodo de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, pero 2018-2019, el
costó promedió fue de 5.03 pesos.
Esa diferencia
de centavos representa millones de pesos cada mes, por el enorme volumen de
agua que se traslada.
En junio de
2021, cuando el gobierno estatal decidió cancelar el contrato con Orca Energy,
ya acumulaba cientos de millones de pesos gastados en energía.
Salomón Faz,
titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua
(Seproa), dijo en una conferencia de prensa que suspendieron el contrato con
Orca Energy porque estaba incumpliendo con el precio pactado.
Una funcionaria
de Orca Energy dijo que no tenían la autorización para conceder una entrevista
sobre los motivos de cancelación del contrato con el gobierno de Baja
California.
Pero, aunque
envían más dinero para bombear más agua, los problemas persisten.
“Nos tenían que
haber garantizado el abasto, ya habían dicho que no iba a haber tandeos y
cortes”, dijo Vicente Sánchez, investigador de Administración Pública de El
Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Pero no hay
abasto en las colonias de la costa, y durante dos años se pagó más por la
energía, hasta que la CFE suspendió el servicio por falta de pago y ya no se
bombea agua desde el pasado 30 de septiembre.
“Tenemos dos
años en que la tarifa eléctrica representa el doble de niveles de 50, 60
millones; andamos en 100, 110 millones (de pesos) mensuales”, admitió Salomón
Faz, titular de la Seproa.
Ese recurso
provino, en gran parte, del resultado de las auditorías realizadas por Fisamex
a empresas locales, que arrojaron adeudos que posteriormente cobró el gobierno.
Pero, por estos
cobros, varias de las empresas auditadas presentaron demandas, denuncias y
amparos en contra del gobierno estatal y de Fisamex.
Una denuncia
penal presentada por una de las empresas auditadas a la que se tuvo acceso,
acusa de extorsión a Fisamex y al organismo encargado del agua.
La empresa de
capital asiático, que solicitó anonimato por temor a represalias, relata en la
denuncia que personal de Fisamex y funcionarios públicos exigieron un pago y le
suspendieron el servicio de agua.
Así fue como el
gobierno cobró 1,812 de millones de pesos durante dos años.
“Seguro hay una
relación muy cercana de alguien del gobierno con la empresa [Fisamex] … En un
negocio así cualquiera se saca la lotería: una empresa que cobra en nombre del
gobierno y gana por lo que logra recuperar”, dijo el investigador Sánchez.
La señora Alejandra
utiliza garrafones, tinas y hasta los botes que usaba para el depósito de
basura para acumular agua durante las escasas horas en las que funciona el
suministro. Se trata de la colonia Solidaridad Gabriel Rodríguez.
Crédito de
foto: Eduardo Jaramillo
Esta fue la ruta
del dinero.
En marzo de
2020, Fisamex inició auditorías a empresas por consumo de agua.
Hasta el cierre
de esta edición el gobierno había cobrado 1,812 millones de pesos, de los
cuales, ya gastó 1,617
millones, según Vicenta Espinosa, secretaria de la Honestidad y la Función
Pública.
Luego, con este
dinero, las organismos que suministran agua a las ciudades pagaron a la
Comisión Estatal del Agua (CEA) el servicio de “conducción de agua en bloque” a
través del acueducto (a la fecha, 620 millones de pesos).
Y después Orca
Energy le cobró a la CEA la energía eléctrica para bombear el agua en bloque a
la costa.
Lo mismo hizo la
CFE, sólo que a esta no le pagaron porque el gobierno local argumenta que se
trata de cobros indebidos.
Los montos para
Orca son los más altos cubiertos con el dinero producto de las auditorías.
La CEA es la
dependencia pública que administra el acueducto, y compra la energía para su
funcionamiento.
Faz, titular de
Seproa, dijo que se compró más energía porque durante la pandemia el consumo de
agua aumentó 8 por ciento, lo que equivale, según él, a cuatro años de demanda
de agua.
La estrategia
del gobierno del estado fue pagar más energía para traer más agua, pero esta
medida no resolvió el problema de desabasto.
Isabel, quien
vive en la Colonia Granjas del Gallo, a 5 kilómetros de la bahía turística de
Ensenada, contó que en su casa la falta de agua es habitual.
A veces el
líquido sale a las cinco de la mañana y fluye durante algunas horas.
“Si no nos
preparamos para juntar agua en los tibores [de plástico], ¿cómo le vamos a
hacer? Porque no nos avisan que la van a cortar”, dijo Isabel.
Créditos: Anna Camarillo
Esta
investigación clasificó los gastos hechos con dinero cobrado tras las
auditorías de Fisamex en cinco rubros, para definir dónde quedó el recurso
recaudado tras las auditorías.
Esta
clasificación se realizó con base en información proporcionada, el 8 de
septiembre pasado, por la titular de Honestidad y Función Pública.
La energía
eléctrica concentra los pagos realizados a la CEA, que a su vez son para
comprar energía de Orca y CFE, requerida para el traslado de agua.
Entre los
proyectos hidráulicos se contabilizaron los realizados por las paraestatales y
consistieron en su mayoría en la rehabilitación de infraestructura y compra de
equipo.
Estos gastos
fueron inversiones para solventar la escasez de agua.
La limpieza de
ríos se separó de proyectos hidráulicos porque estos no abonaron a la solución
de escasez de agua, aunque sí disminuyeron la contaminación de los caudales. La
limpieza de ríos corresponde a la Comisión Nacional del Agua.
El 31 de mayo
del 2020, Orca Energy inició operaciones para suministrar energía al acueducto
y, un año después, el gobierno estatal cambió de proveedor y contrató a la CFE,
en la modalidad de “suministrador de último recurso”, confirmó el titular de la
Seproa en conferencia de prensa.
A finales de
2020, el gobierno licitó la construcción de una planta fotovoltaica para
proveer de energía al acueducto, en un esfuerzo para reducir costos.
Pero esta planta
está proyectada para iniciar operaciones en 2022, según el contrato.
Otro problema es
que las auditorías provocaron cientos de demandas en contra del gobierno.
Una vecina de la colonia Ampliación Gabriel Rodríguez, en
Tijuana, observa una fuga de agua en el medidor de la tubería de agua potable.
La fuga llevaba ocho horas sin que llegara nadie a repararla. En esta colonia
escasea el agua durante varios días a la semana.
Crédito de foto: Eduardo
Jaramillo
Abogados que
representan a cientos de empresas auditadas denunciaron procesos ilegales,
además de extorsiones.
Hay dos
denuncias penales por extorsión, amenazas y peculado, confirmó la Fiscalía
General del Estado de Baja California (FGEBC), a través de una solicitud de
información vía transparencia.
Otras empresas
buscaron amparos en juzgados federales y en el Tribunal Estatal Administrativo.
Los abogados
consultados para este reportaje dijeron llevar poco más de 600 casos legales
contra esos cobros millonarios, entre amparos e impugnaciones.
El abogado
fiscalista Iván Curiel dijo que sus clientes recibieron una especie de carta
invitación con folio y monto a pagar, “pero sin firmas y sellos que acrediten
un documento oficial”.
Importadora y
Distribuidora La Canasta se dedica a distribuir insumos a restaurantes en
Tijuana y es una de las 4 mil 614 empresas auditadas por Fisamex.
La empresa pagó
650 mil pesos por agua no contabilizada, pero antes tuvo que recurrir a pipas
para tener agua y fueron amenazados por funcionarios de la CESPT con suspender
el servicio de drenaje, como le ha sucedido a otros empresarios.
“Te dicen
[funcionarios de la CESPT] ‘bueno si no lo pagas, en una semana vamos a ir a
tapar el drenaje’, y yo con la producción y las pipas de agua, bueno pues nos
truenan como empresa”, dijo Gerardo de la Torre, representante legal de La
Canasta.
La titular de la
SHFP reconoce 302 amparos y presume que las empresas han accedido al pago
porque reconocen los adeudos.
Sin embargo, los
despachos de TP Legal y Grupo Farías aseguraron tener por lo menos 480 amparos
y 23 impugnaciones ante el Tribunal Estatal Administrativo.
Un representante
legal, quien pidió el anonimato, proporcionó una denuncia por el delito de
extorsión y coacción contra la CESPT y Fisamex, presentada ante la FGEBC.
Por cuestiones
legales pidió no fuera publicada la denuncia.
La empresa de
capital asiático que denunció la extorsión solicitó una aclaración, desglose y
determinación de las diferencias del supuesto adeudo al personal de la CESPT, y
sólo fue ignorada, dice la denuncia.
Como respuesta,
recibieron datos bancarios para pagar su “adeudo”.
Por eso muchos
empresarios pagan, pero lo hacen teniendo el plan de recuperar su dinero en el
futuro.
Desde junio de
2020, el gobernador Jaime Bonilla, en sus transmisiones informativas vía redes
sociales, exhibió a los presuntos deudores del agua.
Para este
reportaje se buscó a representantes legales de empresas señaladas por el
gobernador.
Coincidieron en
que los empresarios no harían declaraciones por temor a represalias.
Se buscó de
cualquier manera a algunos empresarios y quedaron en atender la solicitud de
entrevista, pero dejaron de atender mensajes y llamadas.
El gobernador
Bonilla dijo en entrevista no tener conocimiento sobre el temor de las empresas
a denunciar.
Un fiscalista
que pidió no revelar su nombre dijo tener listas 200 demandas para presentarlas
ante el Tribunal Estatal Administrativo, cuando Bonilla deje el cargo de
gobernador, el próximo 31 de octubre.
Al respecto, el
gobernador declaró, previo a un evento de entrega de placas el 30 de
septiembre, que las empresas “tienen derecho de reclamar lo que crean que es su
derecho, yo no puedo decir que lo hagan o no lo hagan”.
David Germán
Hurtado, representante de Fisamex, comentó que desconoce el estado de las
denuncias en contra de la empresa. Dijo que no han sido requeridos por la FGEBC
y que deben ser los representantes legales de la empresa quienes conozcan la
situación legal.
Según abogados
consultados, aproximadamente el 90 por ciento de las empresas realizaron pagos
“bajo protesta”, un recurso en el Código Fiscal que permite impugnar un cobro
por considerarlo indebido y que da la oportunidad de exigir más tarde su
devolución.
El abogado
Adolfo Solís dijo que su despacho defiende al menos 400 casos de amparos, que
suman cerca de mil 200 millones de pesos que, en caso de que los recursos
legales sean ganados por los inconformes, deberá devolver el gobierno.
Para poder
recuperar una mayor cantidad de dinero por adeudos de agua no contabilizada y
derechos de conexión, el gobierno modificó la Ley del Agua y el Código Fiscal
del Estado.
Estas reformas
permiten estimar adeudos por derechos de conexión o agua no contabilizada desde
el inicio de operaciones de las empresas o hasta 10 años atrás si no se conoce
la fecha de arranque de actividades. Además, las reformas eliminan la
prescripción de adeudos de agua después de 5 años.
Empleados de la empresa Fisamex analizan la documentación
de las empresas, para calcular las deudas de agua que tienen y elaborar un
dictamen, dentro de las instalaciones de las comisiones del agua.
Crédito de
foto: Eduardo Jaramillo
Además de los
cobros, los empresarios se quejaron del escarnio público.
Entre junio de
2020 y julio de 2021, el gobernador exhibió a 454 empresas como deudoras de agua y de otros derechos,
a través de sus redes sociales.
La Canasta fue
una de las cientos de empresas exhibidas por Bonilla en sus transmisiones
diarias.
A partir de
junio de 2020, todos los miércoles el gobernador, acompañado por un representante
de Fisamex, presenta un informe de los montos recabados por las auditorías,
donde menciona el nombre de empresas y sus socios si, según él, son
deudores.
El empresario
Gerardo de la Torre dijo que se enteró de un adeudo por derechos de conexión
que le acreditaban, por la transmisión del gobernador, sin ser formalmente
notificado.
“Me hablan unos
conocidos y me dicen, ‘oye saliste en la mañanera del gobernador… que
Importadora y Distribuidora La Canasta, debe 1 millón 200 mil pesos’”,
relató.
De la Torre
consideró que se violó su privacidad cuando fueron exhibidos datos
confidenciales, como número de catastro, medida del terreno, nombre de la
empresa, además de acusar a la empresa de su familia de robo de agua.
Entre los
personajes que han sido acusados de robarse el agua y no querer pagar están los
políticos y empresarios Jorge Hank Rhon, Gerardo y Marco Novelo, la familia de
Lupita Jones y el presidente de Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval, entre
otros.
Este último,
después de criticar públicamente el actuar del gobernador, fue acusado y
exhibido con imágenes de su casa por tener una toma de agua clandestina en su
vivienda.
Fisamex auditó
una cuenta residencial, a pesar de que la primera cláusula del contrato la limita a revisar, únicamente, los
consumos de usuarios comerciales.
Adelina Dayebi Pazos
