La Junta de Supervisores del Condado de Imperial asignó este martes un contrato con la empresa Southwest Protective Services (SWS) para prestarle servicios de seguridad privada en instalaciones del gobierno local.
Ralph Córdova, Oficial Ejecutivo en Jefe del Condado, indicó en un reporte que la empresa fue la que obtuvo el puntaje más alto en el proceso de adjudicación del contrato.
La compañía es propiedad del concejal de El Centro, Jason Jackson, quien se perfila para convertirse en Alcalde en 2016.
El pasado 22 de septiembre, el gobierno local lanzó el concurso para conseguir la empresa que le brinde el servicio, al cual entraron ocho compañías.
En la primera etapa, SWS fue la mejor calificada con 357 puntos, seguida de US Security Associates con 313 y Securitas Security Services con 299.
En octubre, las autoridades designaron a las anteriores como finalistas, por lo cual debieron ser entrevistadas de manera directa.
Nuevamente, la compañía propiedad del funcionario electo resultó ganadora con 85 puntos, muy por encima de los 71 de Securitas.
El contrato inicial es por tres años, el cual podrá renovarse para dos periodos adicionales de dos años, con lo cual el concejal podría prestar el servicio hasta el 2022.
El costo por hora de cada guardia armado y uniformado es de 22.10 dólares y de los custodios desarmados y sin uniforme es de 16.40 dólares.
El costo aumenta un 50 por ciento en caso de que el servicio se preste en días festivos.
De acuerdo a Jackson, su empresa es la única propiedad de residentes locales.
El funcionario destacó el haber prestado servicios al Condado de Imperial, a la Corte Superior, el Alguacil del Condado, los Marshall’s, el Distrito de Irrigación, así como a las ciudades de Coachella y Palm Springs, y varias empresas privadas.
Tras 17 años, Jackson renunció en junio pasado de Desert Security Services, luego de que fuera adquirida por U.S. Security Associates.
Su empresa fue registrada ante la Secretaría de Estado de California a mediados de julio pasado.
El concejal, quien ha laborado para el Departamento de Libertad Condicional, tiene licenciatura en Administración de Justicia por la Universidad Estatal de San Diego y una maestría en Administración Pública.
También ha presidido organismos como la Junta para la Fuerza Laboral y la Cámara de Comercio de El Centro, entre otros cargos.
