El Gobernador de California Gavin Newsom y el Fiscal General Xavier Becerra, junto con otros 16 estados, presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, a fin de impugnar la declaración de emergencia nacional del Presidente Trump y su intento de desviar los fondos asignados por el Congreso para otros fines.
En la demanda, la coalición alega que la declaración de emergencia y el desvío de fondos del gobierno de Trump son inconstitucionales y, por lo tanto, ilegales.
Los estados buscan bloquear la declaración de emergencia de la Casa Blanca, la construcción no autorizada del muro fronterizo y cualquier desvío ilegal de fondos autorizados por el Congreso.
“El presidente Trump está creando una crisis y declarando una ‘emergencia nacional’ inventada para tomar el poder y socavar la Constitución”, dijo Newsom.
El mandatario estatal calificó la emergencia como una “desgracia nacional”.
“En lugar de centrarse en combatir las vulnerabilidades reales que enfrentan los estadounidenses, el Presidente está utilizando los poderes de la oficina más alta de Estados Unidos para avivar las llamas del nativismo y la xenofobia.
“Nuestro mensaje a la Casa Blanca es claro: California no será parte de este teatro político. Te veremos en la corte”, amenazó Newsom.
“El presidente Trump trata el estado de derecho con total desprecio. Sabe que no hay una crisis fronteriza, que su declaración de emergencia es injustificada y admite que probablemente perderá este caso en el tribunal”.
“Está dispuesto a manipular a la Oficina de la Presidencia para participar en el teatro inconstitucional realizado para convencer a su audiencia de que está comprometido con su ‘hermoso’ muro fronterizo”, expuso por su parte el Procurador Becerra.
La demanda fue presentada en el Día de los Presidentes ante los tribunales para bloquear el que tildaron como maluso del poder presidencial.
“Estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados. Para la mayoría de nosotros, la Oficina de la Presidencia no es un lugar para el teatro”, agregó.
En la demanda, los funcionarios argumentan que la acción del gobierno federal que declara una emergencia nacional debido a una supuesta crisis fronteriza es ilegal e inconstitucional.
La llamada crisis del presidente Trump es un pretexto para justificar la reorientación de fondos asignados por el Congreso para pagar la construcción del muro a lo largo de la frontera sur luego de haber intentado infructuosamente que el Congreso o México pagara por ello.
“Los hechos no apoyan la retórica del presidente Trump o su declaración. Los ingresos ilegales en la frontera sur están en su punto más bajo en 20 años, los inmigrantes tienen menos probabilidades que los ciudadanos nativos de cometer delitos y las drogas ilegales tienen más probabilidades de ingresar a través de los puertos oficiales de entrada.
“No hay evidencia creíble que sugiera que un muro fronterizo disminuiría las tasas de criminalidad”, sostuvieron.
Los estados alegan que la acción de la Casa Blanca pasa por encima del poder conferido a la oficina ejecutiva, viola la Constitución de los Estados Unidos y los estatutos federales, además de desviar de manera ilegal e inconstitucional los fondos federales asignados por el Congreso para otros fines.
Los demandantes solicitan medidas cautelares y declaratorias para bloquear la declaración de emergencia, la construcción del muro y cualquier desvío ilegal de fondos asignados por el Congreso.
A la demanda se han unido los fiscales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Virginia.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles, el Club Sierra, la ACLU de Texas y la ACLU del Norte de California presentaron otra demanda en la que cuestionó la declaración de emergencia del Presidente Trump para obtener fondos para la construcción del muro a lo largo de la frontera sur.
La demanda, presentada a nombre del Club Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera del Sur, fue entregada también ante el tribunal del Distrito Norte de California.
“El presidente está utilizando una declaración falsa de una emergencia inexistente para socavar nuestro sistema constitucional de controles y balances, en el proceso que está dañando profundamente a las comunidades que viven y trabajan en la frontera”, expresó Cecillia Wang, subdirectora legal de ACLU.
“Estamos presentando una demanda para impedir que la administración avance con este intento evidentemente ilegal de robar dinero de los contribuyentes para un muro fronterizo que los miembros del Congreso, los expertos en seguridad y los estadounidenses han dicho que es innecesario y perjudicial”, añadió Wong.
La demanda de las organizaciones sostiene que el uso de poderes de emergencia por parte del presidente Trump para evadir las restricciones de financiamiento del Congreso no tiene precedentes, es inconstitucional y no está autorizado en el Código de los Estados Unidos invocada por Trump.
La ACLU recordó que el Congreso restringió el uso de ese estatuto a proyectos de construcción militar, como aeródromos militares en el extranjero en tiempo de guerra, que son necesarios para apoyar el uso de emergencia de las fuerzas armadas.
Las organizaciones sostienen además que el proyecto del muro fronterizo, si se lleva a cabo como establece la proclamación de emergencia del presidente, perjudicará a las comunidades que viven en la frontera, pondrá en peligro la vida silvestre y tendrá impactos perjudiciales en el medio ambiente.
“Solo pregunte a las personas en las comunidades fronterizas: esta es una emergencia fabricada para construir un muro fronterizo innecesario, no deseado y ambientalmente destructivo”, sostuvo Gloria Smith, abogada del Club Sierra.
“El muro se construiría en comunidades fronterizas que son ricas en recursos históricos, culturales y ambientales, destruyendo hábitats de vida silvestre y corredores migratorios para animales.
“Este es otro ataque ilegal y peligroso del poder por parte del presidente para promover su agenda antiinmigrante y antiambiental”, indicó.
Las organizaciones piden a la corte que impida que los Departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Tesoro tomen medidas para construir un muro fronterizo con fondos del Departamento de Defensa o del Fondo de Confiscación de Activos del Tesoro de conformidad con la declaración de emergencia del presidente.
También instaron a los tribunales a impedir que las agencias implementen el proyecto del muro fronterizo a menos que las agencias cumplan con las regulaciones ambientales necesarias.
“Los muros y la hipermilitarización con las que el Presidente Trump está tratando de dominar no nos harán más seguros, sino que degradarán la calidad de vida de los 15 millones de personas que consideran a la región de la frontera sur como su hogar”, dijo Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur.
“La falsa emergencia nacional de Trump destrozará el tejido binacional y multicultural de nuestra región, destruirá nuestra forma de vida y promoverá la hostilidad hacia los inmigrantes y las comunidades de color en las comunidades fronterizas.
“Estamos demandando para garantizar que las comunidades fronterizas sean consultadas en las decisiones que impactan nuestra calidad de vida y que pongan fin a este muro dañino, mortal y derrochador”, consideró Gaubeca.
La Ley de Asignaciones del 2019, aprobada por el Congreso, establece un paquete de 5 mil 700 millones de dólares al gobierno federal para la construcción de un muro en la frontera, pero que prohíbe su edificación en ciertas zonas donde existe vida silvestre.
La demanda de la ACLU sostiene que la declaración del presidente y el desvío de fondos violan los principios constitucionales fundamentales y las múltiples leyes y estatutos como la Ley de Asignaciones de 2019, que el presidente promulgó la semana pasada, la cláusula de presentación de la Constitución, que obliga al presidente firmar un proyecto de ley de asignaciones presentado por el Congreso o devolverlo con sus objeciones, el principio constitucional de la separación de poderes porque usurpa el poder del Congreso sobre el gasto e ignora la decisión del Congreso de proporcionar solo fondos limitados para la construcción de un muro a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México, así como la Ley de Política Ambiental Nacional, que requiere que las agencias realicen evaluaciones ambientales y consideren el daño a la vida silvestre antes de proceder con la construcción.
