El Gobernador Electo de Baja California, Jaime Bonilla, fue sancionado hace tres años por parte de la Comisión de Políticas Justas de California (FPPC en inglés), debido a violaciones al Código de Gobierno del Estado Dorado.
De acuerdo a registros del organismo que obran en poder de la redacción, el ex diputado federal y Senador con licencia fue multado por la Comisión de forma unánime en abril de 2016 por incurrir en violaciones a la Sección 84101.5 del Código de Gobierno de California.
Dicha ley establece la obligación de los candidatos a distintos cargos de elección popular a pagar una tarifa de 50 dólares a la Secretaría de Estado de California.
La ley se impone a quienes mantienen abierto un comité de campaña con miras a postularse al mismo puesto, o bien, disputar uno distinto.
La sanción se aplicó a Bonilla, quien ganó las elecciones para la gubernatura de Baja California el mes pasado, por no haber cubierto la tarifa tras las elecciones de 2014.
Ese año, el ex propietario del equipo de beisbol Potros de Tijuana debió cubrir el monto, ya que no cerró su comité para el Distrito de Agua de Otay.
Bonilla fue representante de una división de dicho organismo del Condado de San Diego durante tres periodos, pero rechazó postularse a la reelección para convertirse en candidato a diputado federal por el entonces naciente Movimiento de Regeneración Nacional.
La sanción de 200 dólares de la FPPC se impuso además de manera conjunta a la Tesorera del Comité de Bonilla, María Steere, dentro del caso 15-2130, a cargo de la abogada Bridgette Castillo.
Según los documentos del organismo, el ahora sucesor de Francisco Vega aceptó de forma voluntaria pagar el monto para evitar presentarse en un litigio ante los tribunales del estado.
Como ocurre en este tipo de casos, el candidato multado admitió plenamente las acusaciones presentadas por la Jefe de Cumplimiento de la Ley de Reforma Político Electoral de California, Galena West.
