La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas y campañas para prevenir, denunciar y sancionar el acoso callejero, contribuyendo con a la construcción de nuevas relaciones sociales entre hombres y mujeres, basadas en el respeto de sus derechos humanos.
En el dictamen aprobado por el Pleno, en su sesión del pasado 27 de julio, se subraya que “el acoso callejero debe tratarse como un problema de seguridad ciudadana, puesto que, a diferencia de otros tipos de acoso como el cometido en ambientes laborales o académicos, el acoso callejero es una interacción personal momentánea que, sin embargo, coarta la integridad personal de las mujeres mientras estas se trasladan en el espacio público”.
El dictamen expone que en el país la presencia del acoso sexual en lugares públicos no se concentra sólo en la Ciudad de México, sino también en las principales ciudades del interior de la República Mexicana se presentan esta clase de interacciones.
Señala que una frase ofensiva, una mirada lasciva o un toqueteo sexual son experiencias de todos los días cuando se trata de trasladarse a la escuela, al trabajo o simplemente desplazarse por los espacios públicos.
En el documento se subraya que el acoso sexual en lugares públicos es un componente invisible de las interacciones cotidianas, que afecta la vida de muchas mujeres, pero del que se habla muy poco; lo que indica su brevedad, así como la forma velada en la que muchas veces se presenta, disfrazándose de halagos, lo que lo hace aparentemente intangible.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima; por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
Al mismo tiempo, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
La legislación precisa que implican violencia contra las mujeres otras acciones análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La ley prevé obligaciones puntales para los gobiernos estatales a fin de que, en función de sus atribuciones, fortalezcan el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores.
El dictamen avalado por senadores y diputados federales coincide con el estudio de Noelia Gutiérrez Centeno y Estrella Lovo Martínez sobre “el acoso callejero en la ciudad”, en lo relativo a la advertencia de que se ha restringido la seguridad ciudadana a tipologías ligadas con hechos delictivos, y no a aquellos ligados con la violencia de género, cometida en los espacios públicos.
TORTURA
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen en el que solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) que perfeccione el Mecanismo de Seguimiento de Casos para Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, que es coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Además, pide a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias, desglosadas por género, edad y nacionalidad. El dictamen aprobado por la Permanente también solicita a la PGR garantizar la atención médica a las detenidas que hayan denunciado haber sido objeto de agresión sexual.
Lo anterior con el objetivo de erradicar eficazmente la agresión que sufren los detenidos, en especial las mujeres, durante operativos de corporaciones policíacas, el Ejército o la Marina, particularmente tratándose de casos de delincuencia organizada.
En el dictamen se subraya que en la investigación “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México”, Amnistía Internacional (AI) reporta “un cuadro escandaloso y una realidad alarmante, que refleja claramente el nivel de tortura que viven las mujeres, al grado que la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en una parte habitual en los interrogatorios”, realizados por autoridades de seguridad y del Ejército.
La investigación de AI, puntualiza el escrito, ha sido reconocida por el gobierno federal, a través de la PGR, instancia que admitió que “hay retos persistentes en materia de prevención y sanción de la tortura, así como eliminación de la discriminación y violencia de género”.
En el dictamen aprobado se hacen hincapié en que las detenciones de mujeres se realizan frecuentemente durante arrestos en grupo; son acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.
El organismo internacional sostiene que la mayor parte de las aprehensiones de mujeres durante operativos, se utiliza “como un medio para aumentar las cifras de detenciones, y demostrar así a la sociedad que los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad dan resultado”.
AI entrevistó a cien mujeres detenidas; de ellas 41 dijeron haber sido víctimas de prácticas como la semi-asfixia con una bolsa de plástico u otro objeto similar, pero además registró torturas que no dejen huella corporal, como descargas eléctricas o golpes.
“Las palizas también son un elemento habitual. Las zonas del cuerpo donde más habitualmente se les golpea eran la cabeza, estómago, tórax, piernas y oídos. La cara se excluye deliberadamente para evitar lesiones visibles”.
Además están el acoso sexual y abusos psicológicos, que incluyen insultos, violación y amenazas de abuso sexual contra sus familiares, manoseo, golpes y descargas en la zona genital, entre otros.
De acuerdo con AI, la violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal– así como por militares y marinos.
La entrevista revela que los índices de violación más altos a manos de la Marina, pues de las diez detenciones practicadas por esta corporación, ocho habrían incluido esta práctica ilegal.
