Ante la subsecretaria de derechos humanos de la SEGOB organizaciones de mujeres solicitaron el 26 de agosto crear una fiscalía especializada en derechos humanos para sancionar a las autoridades que incumplan las acciones para erradicar la violencia ante las alertas de género. Situación que incluye al Estado de Baja California.
En 2015 El Gobierno de Baja California aceptó los 14 puntos de CONAVIM para no activar la Alerta de Violencia de Género, y en mayo de 2016 anunció que la solicitud de alerta de género fue retirada debido a que dio atención a las recomendaciones en materia de violencia contra la mujer.
La Alerta de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y otras violencia hacia las mujeres y niñas.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género procede cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.
En Baja California ha amentado en el número de mujeres asesinadas en este sexenio: En 2013 fueron 71 mujeres que perdieron la vida violentamente. En 2014 fueron 65 asesinadas, 107 en 2015, y 123 en 2016. A la fecha de hoy hay 80 muertes violentas de mujeres, y por la ausencia de política pública sobre este temase la tendencia es que duplicará la cifras de 2013. Esto sin cuantificar los daños físico, económicos y emocionales de las victimas indirectas que son la pareja, las madres, hijos huérfanos, y el tejido social.
Debido al aumento de la violencia hacia las mujeres y la indiferencia de los gobiernos ante los feminicidios, violaciones y abuso sexual, la semana pasada se celebró en las instalaciones del INMUJERES el Foro Nacional Ciudadano de Mecanismos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres con el fin de analizar la situación de la violencia que se presenta en los Estados en donde se ha solicitado la Alerta.
Por Baja California asistieron representantes promoventes de la AVG (Red Iberoamericana) y adherentes, organismos que siguen el proceso de la aplicación de las 14 recomendaciones que el Grupo de trabajo para la Alerta presentó al Gobierno del Estado, como es el caso de la Coalición para la igualdad de Género en B.C., conformado por organismos locales que le dan seguimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, organización de contraloría social de asociaciones coordinado por la Mtra. Maricarmen Rioseco Gallegos.
El objetivo fundamental de la alerta de violencia de género es Garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. (Artículo 23 de la Ley de Acceso).
De las 14 recomendaciones que el grupo de trabajo realizó a gobierno estatal de B.C. son precisamente las cuatro 4 más emblemáticas, las que no se han ejecutado:
1. No se ha completado el Banco Estatal de Datos y su mecanismo, la Base de Datos debe contener características específicas señaladas en el Informe y debe alimentar al BANAVIM. Al no haber información real, sistematizada sobre la situación y orígenes de la violencia hacia las mujeres continuamos sin políticas públicas que atiendan esta situación.
2. El Instituto de la Mujer de Baja California no cuenta con los recursos humanos ni financieros suficientes para el desempeño adecuado de sus atribuciones. En la revisión que la Coalición por la Igualdad hizo, encontramos que en lugar de aumentar estos recursos, disminuyó el presupuesto estatal para la Institución, siendo uno de los más bajos a nivel nacional, y tercero más bajo a nivel estatal. ( En 2017 se destinaron $7, 525, 811.20 pesos contra $7, 921,906.53 de 2016).
3. Los centros de Atención a mujeres víctimas de violencia son insuficientes y no cuentan con la infraestructura necesaria para brindar una atención requerida por la ley; con excepción del CAVIM en Mexicali que no cubre la demanda existente. Las pocas casas de tránsito existentes presentan diversas carencias. No todos los municipios cuentan con este servicio y la cantidad de usuarias víctimas de violencia familiar aumenta sin tener espacios de protección. No hay recursos que garantice su funcionamiento permanente. El Centro de Justicia para Mujeres no se ha creado, en Junio de este año se dijo que no hay fecha para que se termine y que hacen falta 11 millones de pesos. Una vez que lleguen, concluirá la obra en 3 meses. Sin embargo se confirmó también que la Secretaria de Gobierno de B.C., no ejerció los 5 millones de la federación y se perdió el recurso.
4. R7. No hay protocolos de investigación de delitos cometidos contra mujeres en especial feminicidios y desapariciones. Los delitos de feminicidio y desaparición ya están previstos en el Código Penal pero no se aplican en la práctica por desconocimiento, lo que resulta en la invisibilización de estos delitos. A la fecha no se ha publicado ni difundido los Protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexuales de las mujeres y el abuso sexual a niñas. Lamentablemente la justicia para las mujeres y niñas no se realiza, como lo fue en el caso de feminicidio cometido por Ruiz Pérez, que se dio con juicio abreviado, dando pena menor de lo señalado en el código penal de B.C. para feminicios, y el caso de abuso sexual a menores en donde también se actuó sin justicia para las victimas al dejar en libertad al abusador, dándoles un pena menor a la que señala el mismo código y 5 mil pesos para la reparación del daño.
El asesinato de Amalia, tampoco fue considerado feminicidio, impunemente ocultan una realidad de discriminación porque las autoridades falsean datos. Ella murió a golpes por una pandilla que domina el área del centro de la Ciudad, asesinada cerca del parque de los Músicos. La policía dio su versión de que era indigente salvadoreña. Sus conocidos dijeron que era alcohólica, no indigente, tenía casa e hijos y acostumbraba ir a beber en el Centro de la Ciudad.
En este sentido, y con esta lacerante realidad, se tuvo una reunión con Roberto Campa Cipriano, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob para solicitar una mesa de trabajo Multidisciplinaria integrada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, la CONAVIM, PGR, INMUJERES y la Comisión para Prevenir la Discriminación, con el fin de plantear el mecanismo de Alerta de Violencia de Género con el nivel que le corresponde y crear una fiscalía especializada en Derechos Humanos para sancionar a las autoridades que incumplan y se le dé seguimiento a las Alertas con la participación de las organizaciones de sociedad civil promoventes.
