La Ley de Amnistía en Baja California se encuentra en medio del proceso legislativo, pues requiere la aprobación de los municipios.
Mexicali. Aunque la reforma constitucional mediante la cual se crea la Ley de Amnistía de Baja California ya fue aprobada por el Congreso del Estado, hasta ahora, las autoridades no han calculado el número de personas que podrían verse beneficiadas, reconoció el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez.
La reforma constitucional fue aprobada el 29 de agosto con 19 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Posteriormente, pasó a los municipios para su análisis, pero hasta ahora solamente el de Mexicali lo ha aprobado.
Al respecto, el secretario general de gobierno señaló que el proceso legislativo no ha concluido, pues falta que lo aprueben el resto de los municipios.
Descartó que la ley creada en Baja California vaya a contraponerse a la Ley de Amnistía federal, pues dijo, se trata solamente de una armonización. Explicó que la reforma federal ordena a las entidades federativas realizar este proceso.
“No hay padrón o un número específico de posibles beneficiados con esta reforma de quedar concluido el proceso legislativo”, expresó.
Zavala Márquez agregó que una vez concluido el proceso legislativo se conformará una comisión que será la responsable de analizar los casos.
“Se tendría que generar una revisión del caso, una solicitud de la parte interesada y el proceso respectivo con fiscalía”, indicó.
Las personas que podrían verse beneficiadas con la Ley de Amnistía son aquellas que se encuentran en vulnerabilidad. También se contempla a quienes han sido discriminados o visto involucradas en procesos ilegales.
“Estamos esperando la conclusión. De ser positiva la reforma y si así lo declara el Congreso, sería publicada y seguirían los tiempos para crear la comisión revisora de los casos”, puntualizó.
¿Quiénes podrían ser beneficiados?
Según información proporcionada por el Congreso del Estado, la Ley de Amnistía aplicará a quienes no sean reincidentes en el delito que se les imputa.
De igual forma por los delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Específicamente en cuestiones de defensa de su tierra, agua, matorrales, bosques, selvas y fauna endémica.
También cuando se compruebe que se encuentran en situación de extrema pobreza, o vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. Por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.
Además, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad superior a cinco años.
No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal y secuestro. Tampoco a quienes hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego.
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