Mexicali. A Rigoberto Campos le podrían retirar su candidatura a una diputación local luego de que enfrenta un proceso legal derivado de su activismo en contra de la empresa Constellation Brands.
Según el Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, los derechos de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca la pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, lo que en el nuevo sistema de justicia penal derivaría al momento de que se dicte el auto de vinculación a proceso.
«Sin embargo, diversos tratados internacionales de los que México forma parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han referido sobre este tema que existe la necesidad de la suspensión de los derechos políticos sólo a aquellas personas que estén privadas de su libertad, bajo una sentencia dictada por un juez», comentó para RadarBC un especialista en derechos electorales consultado por el medio.
Un caso similar es el del ex-candidato a la alcaldía de Tijuana, Julián Leyzaola, a quien le retiraron la candidatura luego de que dictaminaran una orden de aprehensión por el presunto delito de tortura a dos ex-policías, quien además fue candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES), partido al cual presuntamente representa Rigoberto Campos.
Con Rigoberto son ahora tres los candidatos del PES que han tenido que enfrentar procesos legales por presuntos delitos, siendo Jorge Hank Rhon el del historial más longevo, el cual fue procesado en 2011 por el presunto delito de acopio de armas de fuego.
