Una diputada del Partido Verde ha presentado un proyecto de ley con el cual busca prohibir el cobro de cuotas voluntarias en escuelas
Una diputada federal presentó una propuesta para prohibir el cobro de cuotas o aportaciones voluntarias que impidan o condicionen la prestación de este servicio en la educación pública.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, impulsa iniciativa que reforma los artículos 7 y 130 de la Ley General de Educación.
La propuesta de la diputada para prohibir el cobro de cuotas volluntarias en escuelas fue turnada a la Comisión de Educación.
La medida establece que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación.
Refiere que la educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, a fin de equilibrar las desigualdades económicas y sociales y propiciar la movilidad social de las personas.
Asimismo, permite acceder a mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población y ampliar las oportunidades de los jóvenes.
Al mismo tiempo, ayuda a vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Datos
Según Coneval, una persona se encuentra en condición de rezago educativo si carece del nivel de educación obligatorio vigente al momento en que debía cursarlo.
Tan sólo en 2020, al menos 19.2 por ciento de la población nacional se encuentra en esta condición, según la Medición Multidimensional de la Pobreza.
El 12.3 por ciento de la población entre 3 y 17 años de edad se encuentra en situación de rezago educativo.
Hay al menos 5 millones de niñas, niños y adolescentes en este rango de edad que no asisten a la escuela.
En marzo de 2021, el Inegi reportó que al menos 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron a su escuela por la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto, cerca de 2.9 millones no se reinscribieron por falta de recursos.
La diputada considera la necesidad de evitar la indebida solicitud de aportaciones voluntarias a diversos conceptos.
También rechaza condicionar algún otro servicio u obtención de documentos a la entrega de esa aportación por parte de los padres de familia.
“Se trata de eliminar esta práctica tan recurrente, nociva y perjudicial dadas las condiciones de rezago educativo y de deserción escolar prevaleciente en el país, las cuales van en contra de las familias de menores recursos”, enfatiza.
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