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lunes, 30 enero 2023
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    Proponen regular compraventa de catalizadores

    La iniciativa propone que las personas dedicadas a la compraventa de catalizadores deberán demostrar que el dispositivo fue sustituido.

     

    Mexicali. La diputada de Morena en el Congreso de Baja California, Evelyn Sánchez Sánchez, presentó una iniciativa de reforma que obliga a las personas interesadas en vender o adquirir un catalizador comprueben que fue removido de un vehículo fuera de servicio o sustituido por otro en mejor estado.

    Se trata de una reforma a Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de Materiales Metálicos para el Estado de Baja California.

    La legisladora explicó que existe un mercado de compraventa de convertidores catalíticos por parte de particulares y recicladoras, pero esta actividad no está regulada.

    Los catalizadores tienen la función de reducir las emisiones de dióxido de carbono que se producen por la combustión de los combustibles fósiles. Sin embargo, los vehículos que no cuentan con estos dispositivos emiten a la atmosfera entre un 45% y hasta un 60% más de gases contaminantes.

    Sánchez Sánchez señaló que la compraventa de catalizadores se genera mediante robos, ya que tienen un valor que oscila entre los 60 y mil dólares.

    Deben presentar documentación

    La iniciativa de la diputada propone un agregado al Artículo 9 de la ley antes mencionada.

    Especifica que “el vendedor deberá comprobar al comprador mediante la exhibición de documentación y/o en su caso revisión ocular de que el vehículo al cual se le removió dicho componente se encuentra fuera de circulación, exhibiendo el documento que demuestre la baja del vehículo en cuestión”.

    Si el vehículo sigue en circulación deberán comprobar que el catalizador fue sustituido por otro dispositivo.

    “De no ser así se negará la compra y el comprador dará aviso a la autoridad competente”, establece la propuesta.

    La propuesta fue presentada en la pasada sesión de pleno. De aprobarse, los Ayuntamientos contarán con 180 días para emitir el reglamento correspondiente.


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