MEXICALI. – La
propuesta de reforma constitucional para despenalizar el aborto en Baja
California, contempla que éste se permitirá durante las 12 primeras semanas del
embarazo, reduce la pena de 3 a 6 meses e instruye a las instituciones de salud
a contar con personal no objetor de conciencia para realizar estos
procedimientos.
Este martes,
la diputada de Morena Michel Sánchez Allende, presentó por Oficialía de Partes
la propuesta de reforma constitucional que busca despenalizar el aborto en la
Entidad, con el propósito de acatar lo señalado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 106/2018.
La legisladora
local explicó que de los más 231 mil abortos realizados en la Ciudad de México
desde 2007, 72 han sido en mujeres originarias de Baja California, lo que
significa que muchas han optado por realizarse ese tipo de intervenciones de
forma segura.
“Esta
penalización lo que hace es criminalizar a las mujeres que son pobres, a las
mujeres que no tienen la condición de privilegio de pagar un vuelo o viajar al
lugar para poder atenderse, realmente las que son perseguidas son las mujeres
más vulnerables”, indicó.
Según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre
2015 y lo que va del 2021, se han abierto al menos 346 carpetas de
investigación en contra de mujeres por realizarse abortos, aunque se desconoce
si hay personas encarceladas.
En la actualidad solamente la Ciudad de
México, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo contemplan la despenalización del aborto en
su legislación.
La propuesta
de reforma contempla una modificación al artículo 7mo. de la Constitución para
que se elimine la protección de la vida desde el momento de la concepción.
Además, se modifica
el artículo 33 del Código Penal de Baja California; el cual establece una pena
de 1 a 5 años para la mujer o persona gestante que realice un aborto consentido,
y en cambio reduce la penalidad de 3 a 6 meses o de 50 a 100 días de trabajo
comunitario, si el hecho ocurre después de las 12 semanas de embarazo.
También
contempla que, en caso de violación o inseminación artificial en contra de la persona,
el aborto podrá realizarse en cualquier etapa del embarazo, no solamente
durante los primeros 90 días como lo señala el Código Penal actualmente.
Otra parte de
la reforma incluye una modificación a la Ley de Salud Pública del Estado, en la
que ordena que las instituciones de salud públicas deberán practicar la interrupción
del embarazo de forma gratuita, en un lapso no mayor a cinco días desde que fue
solicitado.
Respecto a la
objeción de conciencia, la reforma propone que todas las instituciones de salud
cuenten con el personal no objetor suficiente, para que se realice esta
actividad, de tal forma que no sea una excusa para no acatar la legislación.
Dicha
propuesta también impacta la Ley de Víctimas, pues incorpora como servicios de
emergencia médica los de anticoncepción y de interrupción legal del embarazo, cuando
se trata de una violación.
Por último, la
diputada local reconoció que se trata de un tema polémico donde la oposición
política en el Congreso seguramente se manifestará en contra, pero aclaró que
se trata de una recomendación de la alerta de género, que considera la
penalización del aborto como un acto de violencia a la mujer.
Reportero mexicalense.
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