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jueves, 28 mayo 2026
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    VOZ EN OFF: Fiscalía de papel

    Podemos cambiar de gobernantes, partidos políticos e
    incluso modificar las reglas del juego, pero en el fondo las «mañas» de quienes
    buscan un puesto de elección popular prevalecen, especialmente con el avance
    del proceso electoral.

    Y es que la línea es tan delgada y la inspección de las
    autoridades responsables tan poco rigurosa, que las personas interesadas en
    participar en la elección utilizan de forma indiscriminada todas las estrategias
    posibles para posicionarse ante la opinión pública, en muchas ocasiones
    evadiendo la ley.

    Apenas hace algunos días mi compañero CRISTIAN TORRES
    describía en su columna «
    EL Radiador: Las campañas
    del cinismo
    », como los aspirantes a algún puesto de elección popular
    se encuentran promoviendo su imagen personal, incluso haciendo uso de recursos
    públicos, como es el caso de la directora de IMACUM, NORMA BUSTAMANTE.


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    Pero ella no es la única, en redes sociales hemos visto a
    otros aspirantes aparecer en campañas para darse a conocer y promoviendo las
    acciones que han emprendido desde el gobierno, hecho que se encuentra penado en
    la ley electoral, ya que los funcionarios públicos no pueden promocionar su
    imagen de forma personalizada.

    Es el caso de la titular de la Secretaría de
    Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), KAREN
    POSTLETHWAITE MONTIJO, junto con BUSTAMENTE, registrada como aspirante a la
    presidencia municipal de Mexicali.

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    Y si a esto le sumamos las giras que desde hace semanas
    emprendió la alcaldesa de Mexicali, MARINA DEL PILAR ÁVILA en Tijuana -que
    aclaro no son ilegales- y los mensajes proselitistas a favor de Morena que a
    diario lanza el gobernador JAIME BONILLA VALDEZ en sus transmisiones, queda
    claro que el problema no es la clase política, sino la falta de rigor de las
    autoridades responsables.

    En noviembre del 2020 el político priísta CARLOS BARBOZA
    fue nombrado por el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador BONILLA
    VALDEZ, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
    Electorales, dependencia de reciente creación en Baja California.

    Sin embargo, a tres meses de su nombramiento hemos visto
    que el trabajo de BARBOZA en la Fiscalía Electoral de se ha concentrado en
    tener reuniones con algunas dependencias, organismos de la sociedad civil y
    funcionarios, la mayoría de ellas en modalidad virtual.

    Incluso la semana pasada el Fiscal Electoral presentó su
    «Primer informe mensual sobre el observatorio de conductas penales electorales»,
    que si bien arrojó datos interesantes, demostró que la dependencia a su cargo
    no ha realizado acciones en contra de los presuntos infractores.

    La presentación del informe, que duró menos de 20
    minutos, fue seguido de cuestionamientos de los medios de comunicación, los
    cuales se enfocaron justamente en lo que mencioné párrafos atrás, la serie de
    infracciones que en teoría debería estar revisando la FEBC.

    Pero contrario a lo esperado, CARLO BARBOZA respondió
    como lo que ha sido toda su vida, un político priísta y prefirió darle la
    vuelta a las preguntas argumentando que antes deben revisar cada uno de los
    casos.

    Compañeros de la prensa le cuestionaron sobre los actos
    proselitistas de JAIME BONILLA VALDEZ, pero el Fiscal Electoral respondió con
    evasivas.

    Es importante aclarar que el Fiscal Electoral tiene la
    razón al momento de señalar que cualquier denuncia se debe investigar y éstas
    llevan un proceso de desahogo que debe cumplirse, ya que así lo marca la ley,
    sin embargo, también cabe mencionar que basta con revisar la Ley Electoral para
    darnos cuenta que muchos aspirantes y gobernantes están ignorando las reglas
    del juego.

    Nadie está pidiendo que BARBOZA salga en los medios a
    crucificar a las y los aspirantes, o a los funcionarios que violen la ley, pero
    sería importante mostrar una postura mucho más firme y clara sobre los actos
    que se consideran irregulares, ya que eso daría mayor credibilidad a la Fiscalía
    y mostraría su independencia del Poder Ejecutivo.

    Como dato adicional, la Fiscalía Especializada para la Atención
    de Delitos Electorales cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos para
    este 2021, probablemente poco para la cantidad de asuntos que tratará, pero eso
    no debe ser una excusa para no hacer su trabajo.

    Segundo dato adicional; jamás en la historia de Baja
    California una persona ha sido condenada por un delito electoral, pese a que
    hay muchos ejemplos donde pudo haber ocurrido, esperemos que esto cambie con la
    creación de la FEBC, de lo contrario demostrarán que son una Fiscalía solo en
    el papel.

     


     

    El autor de esta columna es cofundador de la Agencia
    Informativa RadarBC

    Twitter: @ArmandoNieblas 

    Correo: armando.nieblas@gmail.com

     

    Armando2
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    Reportero mexicalense.
    Me gusta el periodismo de datos y la investigación.
    Me alimento de café, buenas pláticas y consejos.

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