La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció cambios a la directiva de persecución vehicular, pero que mantiene dicha política
Washington. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la actualización de su directiva sobre conducción de emergencia y persecución vehicular.
El cambio se puso en marcha después de una revisión exhaustiva de las actividades de la agencia.
“Como organización profesional, CBP actualiza continuamente las políticas para reflejar las mejores prácticas, las necesidades de seguridad pública y las expectativas públicas en evolución”, dijo el comisionado interino de CBP, Troy Miller.
“La seguridad de los oficiales, agentes y el público es primordial a medida que llevamos a cabo nuestra misión”, afirmó el comisionado.
Cambios, sin cambios
En 2021, la Dirección de Cumplimiento y Seguridad del Cumplimiento de la Ley de CBP realizó una revisión de las actividades de la agencia.
La revisión incluyó una evaluación de la directiva de actividades heredadas de la agencia.
La revisión analizó tendencias, estadísticas y resultados asociados con las actividades de CBP e hizo varias recomendaciones para mejorar.
Tras completar la revisión, CBP inició una actualización de la política de actividades de la agencia.
Personal de CBP revisó más de dos docenas de políticas de persecución de vehículos de varias agencias de cumplimiento en todo el país.
También fueron revisadas políticas modelo creadas por los estados.
La política no prohíbe actividades de emergencia y persecución de vehículos.
La misión única de seguridad fronteriza de CBP requiere que conserve la capacidad de perseguir vehículos, aclaró la agencia.
En cambio, la política confía a los agentes, oficiales y sus supervisores la capacidad de realizar persecuciones en función del interés del gobierno.
Dicho interés se relaciona con la gravedad del delito y el nivel de amenaza que representa el sujeto.
Al mismo tiempo, considera el riesgo previsible en su análisis, otros medios disponibles para aprehender sospechosos, y la necesidad de la aplicación de la ley de persecuciones.
Riesgos, peligros de la directiva de persecución vehicular
La política proporciona un marco claro para sopesar los riesgos de realizar persecuciones, como los peligros que presentan para el público, contra el beneficio o la necesidad de la aplicación de la ley.
La política establece los factores a considerar al decidir si se debe perseguir un vehículo y cuándo se debe terminar una persecución.
Las persecuciones de vehículos plantean un riesgo inherente para los miembros del público, los oficiales y los agentes, y para aquellos en un vehículo perseguido que pueden no estar dispuestos a participar.
La política actualizada reconoce estos riesgos y enfatiza en el riesgo que representan las persecuciones.
La política aclara el estándar de «razonabilidad» que es familiar para la mayoría de las fuerzas del orden cuando intentan cualquier detención o incautación.
Aunque las persecuciones de vehículos no siempre resultan en el uso de la fuerza, el riesgo involucrado puede ser considerable, señaló el CBP.
Esta política requiere un análisis de factores similar con el que los agentes y oficiales ya están familiarizados en la Política de uso de la fuerza de CBP.
Aclaraciones
La política aclara el papel de los supervisores.
Así mismo, establece requisitos claros de presentación de informes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y para garantizar que CBP continúe aprendiendo y mejorando con el tiempo.
Junto con el desarrollo de esta política, el CBP ha establecido una rama de Persecuciones dentro de su Dirección de Cumplimiento y Seguridad del Cumplimiento de la Ley.
La rama de Persecuciones supervisará la implementación de la nueva política y la capacitación en actividades recurrentes.
La nueva política entrará en vigor después de un período de capacitación e implementación de varios meses.
La política está disponible en la sección de Transparencia y Responsabilidad del sitio de internet de CBP.
Al igual que con otras políticas, la nueva política contendrá algunas redacciones para proteger los materiales confidenciales de las fuerzas del orden.
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