SACRAMENTO — Funcionarios californianos anunciaron una serie de medidas a fin de evitar que corporativos que cotizan en Wall Street intervengan en el financiamiento de campañas locales para emitir bonos en el sector educativo.
El Tesorero del Estado, John Chiang, conformó una coalición de tesoreros y recaudadores de impuestos municipales para lanzar la campaña.
De acuerdo al funcionario estatal, los corporativos se han aprovechado de los distritos escolares, cuyos directivos buscan ganar la aprobación de los votantes para emitir bonos.
Abogados, aseguradoras y asesores financieros de Wall Street han ofrecido financiar o dar servicios de propaganda electoral a cambio de recibir los contratos de emisión de bonos una vez aprobados por los votantes, señaló el tesorero.
De acuerdo a una opinión emitida recientemente por la Procuraduría del Estado, estos pagos podrían encontrarse en violación de las leyes estatales que rigen el uso de ganancias generadas por bonos y fondos públicos.
La fiscalía agregó que estos pagos podrían dejar a los contribuyentes con una carga excesiva en el pago de gastos de emisión de bonos.
“Estos arreglos de ‘pagar para jugar’ (práctica conocida en inglés como ‘pay-to-play’) no sólo son ilegales sino que también estafan a los contribuyentes y ponen en peligro la integridad de los bonos escolares, que son herramientas vitales para la construcción de aulas y para satisfacer las necesidades educativas de nuestras comunidades”, agregó Chiang.
A partir de ahora, las entidades financieras municipales que buscan hacer negocios con el estado deberán certificará que no pagan contribuciones a las campañas de elección para la emisión de votos.
En caso de no hacerlo, serán eliminadas de la lista oficial de proveedores aceptables del estado y estarán impedidas de participar en los bonos emitidos.
La Asociación de Tesoreros de Condado y Recaudadores de Impuestos de California respaldó las acciones anunciadas.
California Forward, un grupo apartidista que trabaja por la eficiencia del gobierno, vio con buenos ojos la iniciativa de impulso a la transparencia y el cumplimiento de normas éticas.
“No se debe comprometer la confianza del público en un esfuerzo por asegurar el apoyo de los votantes para los proyectos locales de emisión de bonos”, dijo James Meyer, presidente de la agrupación.
“Los contratos gubernamentales que utilizan prácticas de 'pagar para jugar’ no tienen cabida en una democracia.
“Los contratos de suscripción de bonos escolares deben ir a la empresa más competente, no aquella que se compromete a hacer la mayor contribución a la campaña”, dijo en un comunicado la organización Common Cause.
