San Diego, California.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió un memorando en el que anuncia la eliminación de los Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza (BPCIT, por sus siglas en inglés), que han interferido repetidamente con las investigaciones policiales de agentes involucrados en el asesinato y daño de miembros de la comunidad.
La Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) felicitó al CBP por tomar esta medida y reconoció el liderazgo del Comisionado Magnus, quien respondió a las preocupaciones de la comunidad sobre los BPCIT.
No es tarea fácil cambiar una práctica problemática y de larga data dentro de la agencia, y el Comisionado ha dado un paso importante, consideró la Coalición.
Lo que sigue para los equipos especiales
El próximo paso será rendir cuentas por completo del daño causado por los BPCIT durante las tres décadas que han operado y evaluar dónde se han involucrado en actos delictivos de obstrucción de la justicia. Esto incluye a los agentes, supervisores y jefes que han estado involucrados en los BPCIT y sus muchas permutaciones.
Con ese fin, la coalición hizo un llamado al Comisionado para que se asegure de que todos los registros de las actividades de BPCIT se conserven para que puedan ser revisados de forma independiente por investigadores policiales externos, comités de supervisión del Congreso y fiscales.
Denuncias
A principios de esta semana, los familiares de las personas que murieron o sufrieron directamente abusos brutales y horrendos por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza pidieron el fin de los encubrimientos y obstrucciones cometidos por los BPCIT.
Cada una de las historias describió el trauma y la angustia que sienten los miembros de la familia que viven sin la justicia y la rendición de cuentas que merecen.
Agencia
El CBP, que incluye a la Patrulla Fronteriza, es la agencia federal de aplicación de la ley más grande del país.
La falta de rendición de cuentas y supervisión de CBP, junto con su cultura de violencia, ha resultado en la pérdida de la vida de más de 200 ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos solo desde 2010.
Ninguno de los agentes involucrados ha sido responsabilizado. De hecho, ningún agente en los casi 100 años de historia de la agencia ha sido condenado por innumerables homicidios mientras estaba de servicio, expuso la organización.
Solicitud
En octubre de 2021, SBCC envió una carta al Congreso para hacer sonar la alarma sobre las unidades de encubrimiento de BPCIT, que parecen estar al fondo de la impunidad en la agencia.
Después de descubrir la existencia de estas unidades, SBCC pidió una investigación del Congreso.
En enero de 2022, diez presidentes de comités y subcomités de la Cámara y el Senado enviaron una carta a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) solicitando una investigación sobre la participación de estas unidades en la sombra.
Simultáneamente, los presidentes de dos de estos comités, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara abrieron una investigación.
Demanda
Es imperativo que el Congreso y la GAO continúen con sus investigaciones para obtener una rendición de cuentas completa de las acciones de los BPCIT. Sin ella no puede haber justicia. Bajo ninguna circunstancia, ninguna persona involucrada en estos equipos debe ser transferida o reasignada a la Oficina de Responsabilidad Profesional ni debe tener acceso a investigaciones pasadas, presentes o futuras de agentes involucrados en matar y dañar a miembros de la comunidad.
Esa era ha terminado y los fiscales ahora deben considerar los cargos por obstrucción de la justicia y otros delitos cuando estén justificados, consideró la Coalición.
Declaraciones
Vicki B. Gaubeca, Directora de Southern Border Communities Coalition expuso que “La eliminación de los equipos de encubrimiento, que se involucraron en la obstrucción de la justicia y actuaron sólo en interés de los agentes, no del público, es un primer paso importante para abordar el problema de larga data de la impunidad de la Patrulla Fronteriza. Ni un solo agente en servicio ha sido responsabilizado por quitarle la vida a cientos desde 2010. Los investigadores independientes ahora deberían considerar reabrir estos casos para garantizar que las familias dañadas encuentren un cierre y justicia.”
Maria Puga, esposa de Anastasio Hernández Rojas, quien fue asesinado en 2010, consideró: “Ha sido difícil para nuestra familia estar sin Anastasio. Esta semana hubiera cumplido 54 años. La Patrulla Fronteriza mintió sobre la muerte de Anastasio. Encubrieron lo sucedido. Gracias a un video de un testigo presencial sabemos la verdad. Necesitamos que nuestros casos sean revisados y que estas unidades de encubrimiento de la Patrulla Fronteriza sean investigadas a fondo”.
Otra víctima, Valentín Tachiquín, padre de Valeria Tachiquín, quien fue asesinada en 2012, recordó que su hija, una ciudadana estadounidense, hubiera cumplido 42 años el mes pasado.
“Ese vacío nunca se volverá a llenar. La investigación policial en este caso no fue independiente; los agentes fronterizos interfirieron en cada paso del camino. Los agentes fronterizos detuvieron y amenazaron a un testigo clave del asesinato. Estuvieron presentes en la autopsia y la utilizaron para sus propios informes. Permitieron que las pruebas fueran atropelladas, pateadas y movidas. No podemos confiar en las investigaciones si no hay integridad y la Patrulla Fronteriza está involucrada. Si ha habido encubrimientos, los agentes involucrados deben ser llevados ante la justicia”.
Jose Antonio Elena Rodriguez, asesinado en 2012, tenía 16 años cuando cayó muerto a manos de agentes federales.
Su abuela, Doña Taide, dijo: “Le dejamos una silla vacía en la casa para recordar. Estaba caminando junto a la valla fronteriza cerca de nuestra casa en México, cuando un agente fronterizo que estaba parado en el lado estadounidense del muro fronterizo le disparó y lo mató. Cuando se investigaba la muerte de José, los agentes de la Patrulla Fronteriza desaparecieron las pruebas de video, recogieron las rocas más grandes que se encontraban cerca y afirmaron que José se las había arrojado al agente fronterizo sin ninguna evidencia que respaldara su afirmación. Hay tantas anomalías en el caso de José Antonio y es por las unidades de encubrimiento de la Patrulla Fronteriza. El caso de José Antonio debe ser reexaminado y reabierto”
“El 16 de junio de 2021, yo era un pasajera dentro de un automóvil que conducía por Arizona, cuando la Patrulla Fronteriza detuvo el automóvil. El coche se detuvo y un agente fronterizo me disparó en la cabeza. Todavía tengo partes de la bala en mi cerebro y mi vida ha cambiado para siempre.
“Aunque la policía de Nogales tenía la autoridad para investigar el uso de la fuerza, fueron los agentes de la Patrulla Fronteriza quienes se involucraron e interfirieron con la investigación policial de Nogales. no me quedaré callado. Estos equipos de encubrimiento deben ser llevados ante la justicia”, dijo Marisol García Alcántara, sobreviviente del tiroteo de la Patrulla Fronteriza en 2021.
Legisladores
La Congresista Carolyn B. Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, y el representante Bennie G. Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional, destacaron el anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la disolución de los Equipos de Incidentes Críticos, unidades especializadas dentro de CBP encargadas de investigar y recopilar evidencia de denuncias de uso excesivo y mortal de la fuerza por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Acojo con beneplácito la decisión de CBP de disolver los equipos de incidentes críticos de la Patrulla Fronteriza a raíz de nuestra investigación anunciada sobre los informes de que estos equipos pueden haber obstruido las investigaciones policiales y evitado la responsabilidad de los agentes.
“Si bien este es un paso positivo, sigue siendo fundamental que CBP proporcione al Congreso un informe completo de las autoridades y acciones de estos equipos, incluida cualquier posible mala conducta”, dijo Thompson.
Para el legislador, la decisión refuerza la importancia de una supervisión sólida y la transparencia dentro de las agencias de aplicación de la ley.
“Espero escuchar más de CBP a medida que disuelven los equipos y transfieren las funciones necesarias a la Oficina de Responsabilidad Profesional”, considero.
“Después de que iniciamos una investigación sobre los informes de que unidades deshonestas dentro de Aduanas y Protección Fronteriza han interferido con las investigaciones policiales, el comisionado Magnus ahora ha ordenado a CBP que disuelva estas unidades”, dijo Maloney.
“El anuncio (…) es un claro reconocimiento de que estos Equipos de Incidentes Críticos no regulados y no supervisados son más una responsabilidad que un activo para la misión de proteger nuestras fronteras y defender el estado de derecho. Sigo comprometido a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de este programa deshonesto y a obtener respuestas sobre si estos equipos protegieron a los agentes para que no rindan cuentas por una mala conducta potencialmente grave”.
Cartas
El 24 de enero de 2022, Maloney y Thompson enviaron una carta a CBP solicitando documentos e información relacionados con los Equipos de Incidentes Críticos.
La carta explicaba que los Comités “están investigando si los equipos dentro de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos han interferido con las investigaciones penales, civiles o administrativas del uso de la fuerza por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza para proteger a estos agentes de que rindan cuentas por una mala conducta potencialmente grave.
Nueve días después, el DHS anunció una guía «provisional» que restringía las operaciones de estos equipos e iniciaba una revisión de varias oficinas de las respuestas a incidentes críticos.
El 24 de enero, los presidentes de los Comités de Seguridad Nacional de la Cámara y el Senado, los Comités Judiciales de la Cámara y el Senado y el Comité de Supervisión de la Cámara enviaron una carta a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) en la que solicitaron realizar una revisión del uso de CBP de Equipos de Incidentes Críticos.
