Cuando se registró como candidata, Norma Bustamante declaró bajo protesta de decir verdad, que su capacidad económica era de cero pesos.
Mexicali. Pese a que cuenta con un sueldo mensual devengado superior a los 62 mil pesos, la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, declaró no tener capacidad económica cuando presentó su registro como candidata de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
Lo anterior fue dado a conocer dentro de la sentencia del Juicio Electoral SG-JE-131/2024 emitido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de un recurso presentado por Jesús Alejandro Cota Montes, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Mexicali, quien denunció a Norma Bustamante por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, debido a la colocación de espectaculares durante el pasado proceso electoral.
La queja fue atendida anteriormente por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) que el pasado 9 de septiembre acreditó las irregularidades denuncias por el panista, sin embargo, la sanción de limitó a una amonestación pública en contra de la alcaldesa.
Inconforme con el resultado, Cota Montes recurrió a la Sala Guadalajara al considerar que la sanción en contra de Norma Bustamante era incorrecta.
Detalló que el tribunal local aplicó una amonestación pública argumentando que la capacidad económica declarada por la alcaldesa, bajo protesta de decir verdad, durante su registro como candidata era de 0.00 M.N. (cero pesos 00/100 moneda nacional).
Es decir, Norma Alicia Bustamante Martínez declaró ante las autoridades electorales que no tenía capacidad económica y que no recibía ningún tipo de ingreso, pese a que en información proporcionada por el propio Ayuntamiento se establece un salario mensual devengado por 62 mil 930 pesos.
Alejandro Cota Montes señaló que el TJEBC fue omiso al no requerir la información necesaria para imponer la sanción a Norma Bustamante, toda vez que su salario como alcaldesa es público, además de que es una conocida empresaria en el ramo editorial.
Los magistrados de la Sala Regional Guadalajara le dieron la razón al panista, al considerar que el tribunal local debió requerir esa información para imponer la multa correspondiente.
Señala la sentencia que debieron solicitar al Ayuntamiento los informes para verificar la capacidad económica de la alcaldesa, como ingresos o nóminas con el correspondiente sello fiscal o incluso el acuerdo de aprobación de presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2023 en el que se muestren sus remuneraciones.
En consecuencia, revocó parcialmente la sentencia del TJEBC y le ordenó emitir una nueva resolución en la que ordene recabar las constancias que considere pertinentes para determinar la capacidad económica de Norma Bustamante.
Para ello, podrá solicitar información al Ayuntamiento de Mexicali, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la intención de imponer la sanción correspondiente.
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