Una diputada de Baja California propuso una reforma en materia de feminicidio para endurecer las penas por violaciones cometidas por servidores publicos
Mexicali. Una diputada presentó ante el Congreso del Estado una reforma en materia de feminicidio.
Rocío Adame Muñoz, diputada local, propuso reformar el Código Penal del Estado, con la finalidad de homologar el modelo penal de feminicidio.
La idea es fomentar una perspectiva de género para examinar las muertes violentas de mujeres.
Adame Muñoz mencionó que la violencia contra las mujeres en razón de su género es uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado mexicano en la actualidad.
Este se ha convertido en un problema de gran magnitud que requiere ser atendido en todos los niveles de gobierno, así como en los diferentes espacios de socialización.
Códigos penales
En México, dijo, la tipificación del feminicidio está prevista en 33 códigos penales debido a la libertad legislativa de los estados respecto de los delitos de orden general.
Esto hace que los tipos de penas en ocasiones contengan elementos normativos técnicamente insuficientes o incluso contrarios a la finalidad perseguida.
Adame Muñoz apuntó que la propuesta se elabora a partir de la necesidad de incluir en la norma penal el contexto social ya mencionado.
También contempla las recomendaciones nacionales e internacionales emitidas en la materia.
Al mismo tiempo, incluye los aciertos reconocidos en las legislaciones locales, características identificadas en los feminicidas y los reclamos sociales.
Remover barreras
La presidenta de la Junta de Coordinación Política manifestó que el objetivo es remover las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, víctimas y sus familias.
Así mismo, pretende fomentar una perspectiva de género para examinar las muertes violentas de mujeres.
La diputada plantea declarar Feminicidio a quien dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razón de Género.
Esto incluye a todas las mujeres en su diversidad y etapas de vida.
Agravado
La iniciativa establece que la pena se agravará cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer prostitución, explotación o trata de personas.
Así mismo, se agrava cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público y en ejercicio de sus funciones cometa el delito o intervenga en sus etapas.
También cuando el delito sea cometido por dos o más persona o sea en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; matrimonio; concubinato; sociedad de convivencia; cohabitación; noviazgo, o cualquier otra relación afectiva, sentimental o de hecho.
Además incluye las situaciones donde el sujeto activo sea conductor de un vehículo de transporte de pasajeros o de turismo para la comisión del delito.
La diputada aseguró que todas las muertes violentas de una mujer, incluidos el suicidio y algunos accidentes, deben investigarse como probable feminicidio.
Aclaró que a la persona servidora pública que, tratándose de la muerte violenta de una mujer, omita iniciar la investigación como probable feminicidio, filtre información, fotos, videos y evidencias de la investigación, retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.
Además, el juez lo destituirá o inhabilitará por entre cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
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