Las Aguas Negras de «Kiko» Vega

El exgobernador de Baja California Francisco
Vega de Lamadrid simuló un grave desabasto de agua para justificar la creación
de dos plantas desaladoras con un costo de 57 mil millones de pesos con cargo
al erario, bajo el manto de una compleja red de familiares, amigos y socios,
cuyo negocio final es la venta de agua a Estados Unidos.

Por Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres
Cruz

La construcción de la planta desaladora más
grande de América Latina, proyecto insignia del exgobernador panista de Baja California,
Francisco Vega de Lamadrid, se encuentra envuelta en una red de corrupción que
dejará embargada a la entidad durante los próximos 37 años y donde los únicos
beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.

 

 

 

Baja California se encuentra ubicada en el
noroeste de México, con una población estimada de 3.7 millones de
personas.  

 

 

 

Su clima semiárido y la escasez de lluvias han
puesto en alerta a las autoridades, dado que la principal fuente de abasto es
el Río Colorado, de dónde se obtienen mil 850 millones de metros cúbicos de
agua al año, 728 millones más de lo que recibe la Ciudad de México a través del
Sistema Cutzamala.
 

 

 

 

A lo largo del sexenio las autoridades del
Gobierno Estatal insistieron en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de
abastecimiento, una de ellas la desalinización, para lo cual utilizaron información
sesgada que les permitiera justificar la construcción de dos plantas
desaladoras en la zona costa de la entidad.

 

 

 

Es así que en 2015 fueron licitados los dos
proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), uno en el
municipio de Playas de Rosarito; 22 kilómetros al sur de Tijuana, y uno más en la Bahía de San Quintín, municipio de Ensenada, 300 kilómetros al sur de la
frontera con California.
 

 

 

 

En este caso, la Comisión Estatal del Agua (CEA)
otorgó el proyecto a la sociedad mercantil
denominada “Desaladora Kenton S.A. de C.V.”, sin embargo, se firmó el contrato
hasta el 20 de enero del 2016.

 

 

 

 

 

 

El fallo de la misma se dio el 15 de junio del
2016 a favor de la sociedad mercantil denominada “Aguas de Rosarito Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” para la construcción de la
desaladora de Aguas de Rosarito, con la que firmó un contrato el 22 de agosto
del mismo año, en el cual  la empresa tendrá que invertir más de 9 mil millones pesos.

 

 

 

En esta última se encuentran involucradas dos
empresas transnacionales, una de ellas la estadounidense Consolidated Water,
cuya sede se encuentra en Islas Caimán, así como la francesa SUEZ
Environnement, las cuales tienen por objetivo vender agua a los Estados Unidos.

 

 

En ambos casos, el Gobierno de Baja California se
convirtió en deudor solidario de los desarrolladores, asumiendo todo el riesgo
financiero y las pérdidas que pudieran
ocasionar los proyectos, además de permitirles solicitar líneas de crédito sin
tener que invertir recursos propios, todo a costa del erario.
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Capítulo VI    Plantas contaminadoras

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