Columna de opinión de Iván Martínez Zazueta*
La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda está buscando revivir el impugnado proyecto de la planta desalinizadora de Rosarito impulsado originalmente por el gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid y con el cual se buscaba exportar agua a San Diego.
La semana pasada se publicó en la Gaceta Ecológica de Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Planta Desalinizadora de Rosarito, B.C”, promovido por la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA-BC). El objetivo del proyecto es desalar agua de mar para complementar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana compuesta por Tijuana y Playas de Rosarito.
Si bien, la apuesta del actual gobierno estatal por construir una planta desalinizadora en Rosarito era conocida desde la publicación del Programa Estatal Hídrico (PEH) 2022-2027, el proyecto presentado ante Semarnat es diferente del descrito en dicho documento.
En el PEH se estableció como proyecto estratégico el impulso de una planta desalinizadora en Rosarito con una capacidad de 1,000 litros por segundo (lps), sin embargo, en la MIA publicada se establece una capacidad de 4,400 lps (4.4 m3/s) para dicho proyecto. Este volumen es el mismo que se pretendía producir con la planta desalinizadora impulsada vía Asociación Público-Privada (APP) por el gobierno de Kiko Vega.
Ahora bien, el hecho de que el tamaño del proyecto de desalinización planteado en el PEH fuera cuatro veces menor que el del proyecto de Kiko Vega hacía pensar que sería un proyecto distinto, con objetivos diferentes. Y es que las intenciones de NSC Agua, impulsora del proyecto anterior, era exportar parte del agua desalinizada a San Diego.
De hecho, la MIA del anterior proyecto era explícita al respecto, pues establecía que el cliente principal de la desalinizadora sería la CESPT y que los excedentes se podrían vender a consumidores del norte de la frontera.
Asimismo, en los documentos oficiales en Estados Unidos se le describía explícitamente como un proyecto que exportaría hasta la mitad de su capacidad a San Diego. Esto refuerza la idea de que el proyecto estaba sobredimensionado en relación a la demanda de agua de Tijuana, con la finalidad de generar excedentes y exportarlos.
Para poder transportar el agua a San Diego se proyectó un sistema de tres acueductos que van desde Rosarito a El Florido y de ahí a Otay, donde cruza la frontera. Si bien, el acueducto en el lado estadounidense recibió la aprobación del gobierno de Donald Trump para construirse e importar agua, en México no se avanzó la obtención del permiso para construir el segundo acueducto, el que va de El Florido a Otay. Quizá por la falta de leyes que permitieran la exportación de agua.
No obstante, aunque no se siguiera impulsando dicha infraestructura, existe otra vía para exportar el agua, pero de manera indirecta. Me refiero a los mecanismos de intercambio de inversiones en materia de conservación y nuevas fuentes de agua descritos en las Actas 319, 323 y 330 de la CILA. En estas actas explícitamente se plantea el impulso de plantas desalinizadoras binacionales en Rosarito y en el Golfo de California. Sobre el financiamiento de estos proyectos, se establece que Estados Unidos puede aportar el capital para construirlas a cambio de un volumen equivalente de las aguas del río Colorado asignadas a México.
De esta forma, se estaría exportando indirectamente el agua de la desalinizadora al norte de la línea internacional, sin necesidad de construir nuevos acueductos.
Supongo que esta puede ser una vía con la que el gobierno de Ávila Olmeda pueda negociar el financiamiento de la desalinizadora “exportando sus beneficios”. Si no fuera así, ¿por qué se incrementó el tamaño del proyecto a las mismas dimensiones que el de Kiko Vega? Esto se podrá comprobar cuando se den a conocer el esquema de financiación y los proyectos de infraestructura complementaria.
Cabe señalar que en la MIA del nuevo proyecto se especifica que el estudio del acueducto para entregar agua a la CESPT se presentará aparte, como un proyecto independiente, pero en la página 65 aparece el mismo trayecto del anterior, hacia El Florido.
Por último, para que quede claro que es prácticamente el mismo proyecto: el “nuevo” estudio de impacto ambiental fue elaborado por la empresa Cisco Consultores de Ensenada. Cisco es la misma empresa que elaboró la MIA de la planta desalinizadora propuesta por NSC Agua.
Pero ahí no acaba el asunto, la nueva MIA es la misma que la anterior, con algunas modificaciones. La mayoría de los párrafos son idénticos y las imágenes son casi las mismas. En algunas partes sólo se cambió el nombre NSC Agua por el de la CEA-BC y en otras sólo se eliminó todo lo referente a la exportación de agua.
Habrá que investigar cuánto le pagaron a Cisco Consultores por entregar un copy-paste modificado de la anterior MIA.
De hecho, un cambio que se percibe en las primeras páginas del nuevo documento es la incorporación de una gráfica sobre la proyección de la demanda de Tijuana-Rosarito y sobre cómo las diferentes etapas de la desalinizadora abastecerán su incremento constante hasta 2065. Resulta sospechoso que llegaron a la conclusión de que se requería justamente la misma capacidad de abasto de la cancelada desalinizadora de Kiko Vega (y que, reitero, estaba sobredimensionada para exportar agua). Pareciera esto una justificación sacada de la manga para impulsar el mismo proyecto.
Si bien, se ha argumentado que la desalinizadora no se impulsará bajo APP (con la que se endeudaba al estado por 37 años), sino mediante recursos federales y estatales, resulta por demás sospechoso que se presente el mismo proyecto que el anterior.
Finalmente, no puedo dejar de hacer notar que Carlos Torres Torres, encargado de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de Tijuana y cónyuge de la gobernadora, fue uno de los principales impulsores de la APP de la desalinizadora desde el Congreso estatal. ¿Será este uno de sus proyectos estratégicos?
P.d. No dejen de leer el reportaje Las Aguas Negras de “Kiko Vega” de Armando Nieblas y Cristian Torres, que documenta la corrupción, nepotismo, endeudamiento, maquillaje de cifras, planes de exportación y riesgos de contaminación de los proyectos de plantas desalinizadoras de Kiko Vega.
*El autor es estudiante del Doctorado en Geografía de la UNAM. Escribe y publica en el blog Geografía Septentrional y en Medium.
