Sionismo y privatización del agua en BC, columna de opinión Por Iván Martínez Zazueta*
La lucha por la defensa del agua en Baja California está estrechamente ligada con la lucha contra el apartheid y el genocidio israelí en Palestina. Y es que las empresas que han estado detrás del impulso de los planes y proyectos hídricos privatizadores en la región tienen origen o vinculación directa con el Estado sionista de Israel.
Por ejemplo, la planta desalinizadora de San Quintín, mejor conocida como Desaladora Kenton, fue un proyecto impulsado por Libra Ingenieros Civiles en alianza con la transnacional RWL Water. Esta última fue fundada en 2010 por Ronald S. Lauder, un político y empresario de medios de comunicación estadounidense que cuenta con acciones en la televisión comercial en Israel. Lauder es desde 2007 el presidente del Consejo Mundial Judío, una influyente organización que defiende las políticas genocidas de Israel en el territorio palestino. Esta organización es básicamente un poderoso brazo diplomático del sionismo. El empresario newyorkino es además seguidor de Likud, el partido político del primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, de quien es un influyente aliado y a quien ha servido en tareas diplomáticas.
No es algo inusual que las empresas israelíes estén detrás de este tipo de proyectos, pues los capitales de dicho país se han encargado de exportar a la región dos de las industrias en las que son expertos: la de securitización fronteriza y la de mercantilización del agua, especialmente, vía desalinización. Es una región estratégica para ambos negocios, pues no sólo existe un muro que divide a dos países en los que prevalece una gran asimetría (al igual que Israel-Palestina), sino también condiciones áridas y de creciente sequía equiparables y en zonas costeras.
De hecho, el vínculo de las empresas israelíes y proyectos de desalinización también están del otro lado de la frontera: La planta desalinizadora de Carlsbad, que provee agua al condado de San Diego, California y que es actualmente el mayor proyecto de desalinización del hemisferio occidental, fue diseñada y es operada por la transnacional israelí IDE Technologies. Esta empresa, fundada en 1965 por el gobierno israelí -en la actualidad parte del grupo Delek- concentra el 60% del sector israelí de desalinización. Dicha compañía también está impulsando un proyecto de desalinización en Puerto Peñasco para exportar agua a Phoenix, Arizona (aunque el gobierno de Sonora lo ha negado y la ha acusado de falta de ética), de la misma manera en que la planta desalinizadora de Rosarito se planeó originalmente para exportar agua a San Diego.
IDE es una de las principales suministradoras de agua de Mekorot, la empresa nacional de aguas de Israel. Esta última es la célebre compañía que fue expulsada de Argentina y otros países en protesta por haber generado un “apartheid del agua” contra 4.5 millones de palestinos. Mekorot restringe el acceso al agua a la población palestina al hacerle pagar tarifas más elevadas que los israelíes y creando un sistema de gestión del agua altamente desigual. Esto ha provocado una violación al derecho humano al agua, desplazamientos forzados y obstrucción del desarrollo de la agricultura en territorio palestino. Este caso fue denunciado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y otras instancias internacionales como crimen de lesa humanidad de Mekorot y el Estado de Israel contra el pueblo palestino.
En adición, un informe de la ONG Al-Haq concluye que Mekorot e IDE Technologies son cómplices de la violación del derecho palestino a la autodeterminación y la soberanía permanente sobre los recursos naturales, así como del crimen de guerra de saqueo y actos inhumanos de expropiacón de recursos naturales que equivalen al crimen de apartheid.
Volviendo al caso mexicano, en 2013, el entonces presidente de Israel, Shimon Peres, realizó una visita oficial a México, siendo recibido en Los Pinos por su homólogo Enrique Peña Nieto. En esa reunión de alto nivel estuvieron tanto el mencionado Ronald Lauder como Shimon Ben Hamo, director de Mekorot. También estuvo David Korenfeld, ex-director de Conagua y exsecretario de aguas durante el gobierno peñista en el Estado de México. Korenfeld también está fuertemente ligado con las empresas y negocios de agua de Israel.
De hecho, cuando este personaje fue titular de Conagua otorgó contratos de adjudicación directa por 25 mdp a la Universidad de Tel Aviv, Israel, para la realización de diversos estudios de agua en territorio nacional en 2015. Meses después, dicha universidad otorgó un doctorado honoris causa (aunque ya no fungía como director de Conagua, pues renunció a la institución tras un escándalo por el uso personal de un helicóptero oficial de la misma) y fue nombrado director del Consejo Consultivo del Centro Internacional del Agua de dicha universidad. Por estas acciones, el Congreso federal abrió una investigación por conflicto de interés y desvío de recursos hacia el ex-funcionario peñista.
Ahora bien, durante esa visita de la delegación israelí en 2013 se anunció un acuerdo internacional en materia de agua entre Conagua y Mekorot. Coincidentemente, a inicios del siguiente año, Korenfeld presentó una propuesta ley de aguas nacionales, mejor conocida como Ley Korenfeld, la cual profundizaba en todo el país la privatización de los recursos hídricos y su comercialización. Existen sospechas de que Mekorot pudo estar involucrada en la elaboración de dicha ley, la cual no prosperó debido a la movilización social y a las múltiples denuncias que realizaron varias organizaciones, comunidades y académicos.
Pero la visita no acabó ahí, pues el director de Mekorot también viajó a Baja California, específicamente a Ensenada, donde se reunió con funcionarios estatales y empresarios locales, con los que firmó un convenio de colaboración para impulsar proyectos de desalinización y tratamiento de aguas. La relación de Mekorot con Baja California se remonta a marzo de 2012, cuando el entonces gobernador bajacaliforniano Osuna Millán se reunió con Ben Hamo en Tel Aviv, donde hablaron sobre proyectos de tecnificación del riego en el valle de Mexicali. Posteriormente, en agosto de 2013 se anunció que Mekorot se encargaría de realizar un estudio (del que no se volvió a saber nada) sobre captación de agua de lluvia en Ensenada, a petición del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, pagándoles 165 mil dólares aportados por la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Desarrollo Económico. La empresa israelí también visitó la zona del acuífero del valle de Mexicali en 2014 y realizó un estudio en conjunto con Conagua para el tratamiento de efluentes en San Luis Río Colorado.
Posteriormente, en 2016, cuando el gobernador Kiko Vega impuso su ley estatal de aguas, la cual privatizaba el servicio de agua, encarecía y liberalizaba tarifas y permitía el corte del suministro, la ex-diputada del PT, Claudia Agatón, hoy candidata a la presidencia municipal de Ensenada, denunció que una empresa israelí iba a ser la beneficiada con dicha ley y podría tratarse de Mekorot. No sería algo ilógico, dada la estrecha relación de la empresa israelí con el gobierno bajacaliforniano y sus constantes “asesorías”. Y es sospechoso que Mekorot haga acuerdos con gobiernos y al poco tiempo éstos presenten leyes privatizadoras del agua.
Cabe señalar que la Desaladora Kenton, de RWL Water, fue un proyecto impulsado bajo la figura de Asociaciones Público-Privadas (APP), esquema privatizador de las infraestructuras y los servicios públicos impulsado por Kiko Vega. Fue propuesto como proyecto “no solicitado” por las mismas empresas que ganaron la licitación, una de las cuales, por cierto, fue exhibida por presunto tráfico de influencias y nepotismo ya que uno de sus dueños, de la familia Peterson, era funcionario del gobierno estatal y familiar directo del entonces director de la CESPE, el panista Carlos Loyola Peterson. Si bien dicho proyecto se encuentra suspendido, el gobierno de Marina del Pilar ha buscado recuperarlo.
En suma, las empresas vinculadas a Israel, cómplices o perpetradoras de la política genocida contra el pueblo palestino, estuvieron involucradas en los negocios relacionados con la privatización y mercantilización del agua en Baja California, vinculándose, además, con empresarios y funcionarios corruptos que buscaban hacer grandes negocios con el vital líquido. De ahí que las aguas israelíes tengan un hedor no sólo a apartheid y genocidio, sino a privatización y desvío de poder.
Así, el levantamiento de 2017 por la defensa del agua también fue, en cierta forma, una lucha contra los capitales sionistas involucrados en su privatización. Es por ello que, con más razón, quienes defendemos el agua en Baja California debemos defender al pueblo palestino, a su libre autodeterminación y a la soberanía sobre su territorio y sus bienes comunes. Y, por supuesto, debemos oponernos al genocidio en Gaza, que no sólo se efectúa con bombardeos y municiones, sino también cortando el agua a la población (a través de Mekorot), lo cual constituye un crimen de guerra.
Algo significativo que se puede hacer desde acá es el boicot a las empresas israelíes de agua. Debemos exigirle a los gobiernos federal y estatal que detengan los contratos y la colaboración con dichas compañías. No sólo por la defensa de Palestina, sino por la defensa de nuestro territorio y nuestras riquezas.
Porque la consigna ¡Desde el río hasta el mar! también cala hondo en estas tierras.
*El autor es estudiante del Doctorado en Geografía en la UNAM. Escribe y publica en el blog Geografía Septentrional y en Medium.
**»Imagen: For Palestine Water is also Life. Cortesía de GVC/EU Civil Protection and Humanitarian Aid / Agua en Pipa. Cortesía de Cuartoscuro»
