La columna de opinión de Iván Martínez Zazueta sobre el Acta 330 entre México y EEUU
El pasado 21 de marzo la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) firmó el Acta 330, cuyo objetivo es ampliar las medidas temporales que se están implementando en la cuenca del río Colorado a fin de evitar que los niveles de las presas Hoover y Glen Canyon desciendan a niveles críticos y que con ello se ponga en riesgo la operación del “sistema”.
Con sistema se refieren a que dichas presas permiten el control y aprovechamiento del río Colorado, sea para regular los flujos, para entregar el agua a los usuarios o para generar energía eléctrica, la cual sirve a su vez para bombear el líquido a las ciudades. Esto último -la hidroelectricidad- es lo que está en mayor riesgo, como hemos apuntado en anteriores publicaciones.
Lo que la nueva acta establece es un recorte para México de 493.3 millones de metros cúbicos (Mm3) (400,000 acres-pies) en volúmenes de agua “conservados” hasta el año 2026. Para ello, el gobierno estadounidense aportará 65 millones de dólares (mdd) para financiar proyectos y acciones en México a fin de generar agua para el sistema río Colorado, que no es otra cosa que volúmenes que se aportarán a los embalses de las presas mencionadas.
El término “proyectos para la conservación” o “agua generada” es un eufemismo para referirse al intercambio de inversiones estadounidenses por volúmenes de agua del río Colorado correspondientes a México, es decir, ni más ni menos que compra de agua mexicana. Son diferentes maneras en las que puede efectuarse esta compra mediante la bolsa de 65 mdd.
Un ejemplo es que si un agricultor no siembra su parcela, bajo la lógica del acta, estaría “conservando agua” y, por ello, recibiría una compensación económica proporcional al volumen de agua no utilizado, el cual se quedará en Estados Unidos. Otro ejemplo es si con ese dinero se reviste de concreto un canal, entonces se hace un cálculo del agua que se “conservó” al dejar de infiltrarse al subsuelo y ese volumen se queda al norte de la línea divisoria. También, desde hace años se ha estado avanzando en los planes para aplicar este esquema financiero en la construcción de plantas desalinizadoras binacionales en México, es decir, que Estados Unidos aporte dinero para generar agua desalada en territorio mexicano a cambio de un volumen equivalente de agua dulce mexicana del río Colorado.
En Estados Unidos también se ha implementado este esquema de “compensación” económica, pero con algunas diferencias con respecto a México. Precisamente en el Acta 330 se refiere que desde el año pasado en dicho país se están implementando proyectos de conservación que alcanzarán aproximadamente 3,700 Mm3 (3 millones de acres-pies) para 2026, en los que se incluyen financiamientos del gobierno federal y de entidades estatales y locales.
La diferencia es que para el caso de nuestros vecinos del norte, tan sólo el gobierno de Joe Biden acordó aportar 1,200 mdd por 3 millones acres-pies, lo que equivaldría a 400 dólares por acre-pie, mientras que en México los 65 mdd por 400,000 acres-pies equivaldrían a 162.5 dólares por acre-pie. Incluso hay información de prensa que apunta a que en el Distrito de Riego del Valle Imperial se pagarán 776 dólares por acre-pie y que algunos agricultores estadounidenses han sugerido que se les debe pagar 1,200 dólares por acre-pie. Es decir, el agua mexicana sería entre 2.5 y casi 5 veces más barata que la estadounidense (o hasta más). He aquí una enorme desigualdad que pone en entredicho los acuerdos de cooperación.
Así como a las empresas que requieren importantes volúmenes de agua les es más barato instalarse en México debido al bajo costo del líquido, bajo la actual crisis hídrica en la cuenca del río Colorado siempre va a ser más barato obtener agua de México que de Estados Unidos. Y aquí se incluyen los costos ambientales no cuantificados (desertificación, pérdida de biodiversidad, salinización, etcétera).
Ahora bien, la CILA promueve la idea de que se intercambiaría agua por agua entre entes en igualdad de condiciones, pero esa equivalencia esconde mecanismos de inequidad y dependencia a diferentes escalas que vale la pena mencionar. La primera es que el dinero siempre lo pone Estados Unidos. ¿Se imaginan a México aportando dinero para conservar/comprar agua en territorio estadounidense? No, y no sólo por falta de recursos, sino porque saldría mucho más caro que hacerlo en territorio nacional. Lo mismo pasa con la infraestructura hidroagrícola, pues en el Distrito de Riego 014 existen necesidades de inversión en ese rubro, las cuales deberían de provenir del gobierno federal o estatal, pero al ser nulas o insuficientes, a Estados Unidos se le abre la llave para obtener agua mexicana. Otro aspecto desigual es que a los agricultores mexicanos les es cada vez más difícil sembrar sus parcelas debido a la (neo)liberalización de las políticas en el campo, lo que hace que sea más redituable vender o rentar sus derechos de agua y ahí, de nueva cuenta, se le abre la llave a los dólares del norte. Y, por último, ¿por qué no proyectan desaladoras binacionales en territorio estadounidense? Pues por la misma lógica que podríamos llamar el “abaratamiento comparativo del territorio”.
Por otro lado, es importante señalar que el volumen establecido en el Acta 330 es adicional a las reducciones y ahorros establecidos en el Acta 323. Esto significa que para el presente año México tendrá un recorte total de 263 Mm3 (164 Mm3 del Acta 330 y 99 Mm3 del Acta 323), equivalente a casi el volumen que consumen las ciudades de Mexicali y Tijuana juntas. En 2025 el recorte del Acta 330 será de 246.7 Mm3 y en 2026, de 82.6 Mm3, más lo que sume en ambos años las reducciones correspondientes al Acta 323.
En el peor escenario, en 2025 los recortes podrían llegar a alrededor de los 380 Mm3 como piso mínimo. Esto representa poco más del 20% de la cuota anual mexicana del río Colorado y supera por mucho al volumen de agua de uso público-urbano que consumen los siete municipios de Baja California (las comisiones estatales de servicios públicos abastecen una demanda de alrededor de 340 Mm3). De esta manera, el estrés hídrico aumentará y las tensiones por el acceso al vital líquido también.
Según indican los pronósticos, la situación de crisis hídrica seguirá agravándose, por lo que estos recortes son la antesala de lo que viene a futuro y, en particular, de la nueva acta que se aprobará en 2026, cuando concluyan las dos vigentes.
Estas medidas reflejan una situación hidro-social muy distinta a la que prevalecía en la cuenca hace 80 años cuando se firmó el Tratado Internacional de Aguas en 1944, pues el desarrollo capitalista del suroeste estadounidense ha llevado al límite los escasos recursos hídricos de la región, los cuales también han ido en detrimento por los efectos del cambio climático provocado por el mismo modelo de desarrollo. Sin embargo, aunque la situación es diferente, vale decir que desde un inicio el Tratado fue injusto para México, pues el agua del río Colorado que se le asignó fue mucho menor al volumen que se usaba antes del tratado.
De hecho, como apuntó Cuauhtémoc Cárdenas en un artículo reciente, el Tarado de 1944 guarda otra desigualdad en términos del reparto de las aguas binacionales: las cláusulas de sequía extraordinaria, que para el caso del río Colorado implica un recorte de las asignaciones y para el caso del río Bravo es un ahorro recuperable, es decir, si hay sequía extraordinaria en la cuenca del río Colorado, Estados Unidos puede reducir el agua que entrega a México sin reponerla después, pero si hay sequía extraordinaria en la cuenca mexicana del río Bravo y por ello no se entregan volúmenes a Estados Unidos, México debe compensarlos en el siguiente periodo, lo cual es una especie de ahorro.
Así, el Tratado Internacional de Aguas de 1944 está sobrepasado y el Acta 330 es la gota que derramó el vaso. Y lo derramó no sólo por la reducción de los volúmenes de agua asignados, que ya no son vigentes y seguirán definiéndose en adelante por las actas de la CILA, sino por la injusticia que significa que ante la sequía regional México no pueda recuperar el agua recortada y Estados Unidos sí. Las negociaciones que se emprendan en estos años de cara a la nueva acta, y a la revisión del propio Tratado, serán cruciales para el destino del agua en la región. Y estas negociaciones llegarán muy probablemente con el regreso de Trump, un negacionista del cambio climático, al gobierno, mientras que, del otro lado, el gobierno de la 4T, cuya persistencia es inminente, ha demostrado en mayor o menor grado una continuidad en la lógica de sometimiento al poderío estadounidense en materia de aguas binacionales. De ahí que en la balanza de fuerzas la presión de los movimientos y organizaciones sociales-populares sea crucial para evitar una mayor injusticia hídrica en México.
* El autor es estudiante del Doctorado en Geografía en la UNAM. Escribe y publica en el blog Geografía Septentrional y en Medium.
