De acuerdo a la organización Impunidad Cero, diversas irregularidades fueron identificadas con el uso de recursos financieros destinados al Seguro Popular, entre las que destacan la transferencia de recursos para fines no autorizados, la compra de insumos a sobreprecio y pago sin documentación comprobatoria.
Los estados que registran mayores anomalías son Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca.
El organismo detectó en estas cinco entidades manejos irregulares por 3 mil 028 millones de pesos.
El programa del Seguro Popular surgió durante el sexenio de Vicente Fox en el año 2004 para proteger a los residentes que carecían de acceso a los servicios de seguridad social con el fin de garantizar su derecho a la salud.
“Mientras haya opacidad en la administración de los recursos del Seguro Popular y no se apliquen las sanciones correspondientes prevalecerá la impunidad”, expuso la organización.
Impunidad Cero destacó que el 11.58 por ciento del gasto del gobierno mexicano corresponde al sector salud, uno de los más bajos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indica la Organización Mundial de la Salud.
Previo a la creación del programa, poco más de la mitad de la población contaba con un servicios médicos, cifra que aumentó al 79 por ciento en 2012.
El organismo señala que el seguro popular cubre 287 intervenciones de primer y segundo nivel, además de 61 servicios de alta especialidad y 660 medicamentos e insumos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica que el 57 por ciento de los recursos del Seguro Popular se destinan al pago de personal, compra de insumos y actividades de promoción y prevención.
Hace dos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un total de 270 observaciones relacionadas con el llamado Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud.
El año pasado, la aportación gubernamental por cada afiliado al Seguro Popular ascendió a 3 mil 123 pesos por persona.
Según la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el año pasado a este proyecto se le asignaron 167 mil millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo a Alfonso Miranda académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), debido a las fuentes de financiamiento y reglas de operación del Seguro Popular al fondo de aportaciones se le destina casi en su totalidad al pago de nómina.
La Auditoría Superior de la Federación informó que hasta 2016 se han recuperado más de 123 mil millones de pesos, de los cuales sólo 30 millones corresponden a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
También la Auditoría Superior señaló que hace un par de años 31 estados hicieron mal uso de los recursos destinados a la población que carece de seguridad social.
Los cinco estados señalados concentran casi la mitad del monto total de los recursos mal empleados.
En promedio, los estados señalados registraron un manejo irregular de alrededor de 18.23 por ciento de la totalidad de los recursos transferidos el Seguro Popular.
La Auditoría Superior practicó en 2016 una auditoría financiera y de cumplimiento con base en un universo seleccionado de poco más de mil millones de pesos, de los cuales fueron auditados el 62.7 por ciento de los mismos.
En total, la auditoría observó manejo irregular de cuando menos 155 millones de pesos en Baja California.
Entre las observaciones detectadas se encuentra la transferencia de recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria sin proporcionar documentación sobre el destino o aplicación a los fines del programa.
Además el gobierno del estado dejó de aplicar recursos correspondientes al Seguro Popular y devengó cheques cancelados de personal que causó baja y no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo.
Así mismo, varias percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta fueron fueron renombradas a fin de quedar exentas de esta ley.
El gobierno de Baja California tampoco presentó documentacion comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido ni presentó documentación y justificación de los recursos para el pago de gasto de las unidades médicas.
El organismo agrega que además de las irregularidades referidas en otras auditorías también fueron identificadas transferencias a otros fondos y cuentas como recursos no transferidos a los servicios de salud, pago sin documentación comprobatoria, pago de impuestos estatales, pagos de facturas de otros años, diferencias entre saldos bancarios y contables, pago a personal que no se localizó en el centro de trabajo, pago a personal sin contrato, pago a personal sin centro de adscripción, pago de medicinas con sobreprecio, pagos que rebasan los límites autorizados y pagos a trabajadores comisionados al sindicato.
