Sin mediar licitación, el gobierno de Jaime Bonilla
Valdez otorgó en medio de la pandemia por coronavirus un contrato múltiple para
proveer el servicio de alimentación en tres hospitales a un funcionario de su
gabinete, el ex diputado José Luis Bribiesca Alcolea. A través de Brava
Gastroindustria, una empresa que carece de registro oficial, Bribiesca cobró
como proveedor de Isesalud más de 9 millones de pesos.
Isabel Mercado/Newsweek Baja California
En pleno inicio de la pandemia por COVID19, el gobierno
de Baja California adjudicó un contrato millonario a Jorge Luis Bribiesca
Alcolea, funcionario del gabinete de Jaime Bonilla Valdez.
A través del Instituto de Servicios de Salud Pública de
Baja California (Isesalud), aprobó un convenio múltiple para que el servicio de
alimentos de tres hospitales fuera otorgado por adjudicación directa a Brava
Gastroindustria, empresa con solo un año de experiencia en el servicio de
alimentación en hospitales, que no cuenta con registro como proveedor y tiene
diferentes direcciones fiscales.
Esta firma pertenece a Bribiesca Alcolea, político joven,
quien hasta octubre de 2020 fue subsecretario de administración de Oficialía
Mayor del gobierno del estado de Baja California con Jaime Bonilla.
Para dejar en manos del también ex diputado la
proveeduría de alimentos en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital
General de Tecate y Hospital General de Playas de Rosarito, autoridades de
Isesalud ignoraron el interés de otros proveedores interesados en otorgar ese
servicio.
Por el contrato No.
Isesalud-Servicio-Alimentación-Personas-HGPR-HGTE-HMI-275/2020, vigente de
abril a diciembre de 2020, el funcionario facturó 9.1 millones de pesos, al
tiempo que cobró un sueldo de 41 mil pesos como subsecretario de administración
de Oficialía Mayor.
Contrato asignado a funcionario de Oficialía Mayor de
Baja California.
El contrato de 2020 no fue el primero asignado por el
gobierno de Baja California a Bribiesca. En 2019, cuando era diputado local,
entró a la lista de proveedores del estado; ese año logró firmar un acuerdo de 4
millones 299 mil 914 pesos por el servicio de alimentación para el Hospital
Materno Infantil de Mexicali y al menos durante 10 meses del 2020 cobró como
funcionario de Oficialía Mayor y como proveedor de Isesalud, de acuerdo con
información obtenida vía transparencia.
Este acuerdo, al igual que el primero que obtuvo con
Isesalud en 2019, fueron otorgados mediante adjudicación directa, es decir, un
método en el que el proveedor es seleccionado sin tener que participar en
ningún tipo de concurso.
Se buscó en reiteradas ocasiones a José Luis Bribiesca
Alcolea para preguntarle sobre este contrato múltiple, pero hasta la fecha de
publicación de este reportaje no estuvo disponible para una entrevista.
Cotizaciones a modo
En marzo de 2020, el Isesalud publicó en su portal una
convocatoria inusual: una contratación para brindar el servicio de alimentación
de personas del Hospital Materno Infantil de Mexicali, el Hospital General de
Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito. Esta sería una proveeduría
conjunta que incluiría a las tres unidades médicas. Alrededor de 20 días
después, José Luis Bribiesca Alcolea, entonces Asesor de Enlace y Seguimiento
de Oficial Mayor de Gobierno de Baja California, obtuvo ese único contrato
múltiple que adjudicó el organismo de salud.
Reynaldo Zavala suministró alimentos en el Hospital
General de Tecate durante 2019 y el primer trimestre de 2020, pero cuando leyó
la nueva convocatoria su interés de continuar con el servicio se vino abajo.
Sus recursos no eran suficientes para surtir a tres hospitales. “Es como una
traba que te tengan que obligar a que lo des a los tres -el servicio de
alimentación-, es para decir no le entro(sic) […] Yo dije debe ser para
alguien que tenga la manera -la adjudicación del contrato-, que haya ahí cierto
arreglo (sic)”, aseguró Zavala.
Hospital Materno Infantil de Mexicali, al año 18 mil
pacientes se hospitalizan y 28 mil se atienden en la sala de urgencias de este
nosocomio.
A pesar de ser una adjudicación directa, el Isesalud
tenía que acreditar en el estudio de mercado la imparcialidad en el
procedimiento de contratación, como lo establece el reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
Además de la empresa propiedad de Bribiesca, la
secretaría que encabeza Alonso Pérez Rico solicitó cotizaciones a otras tres
empresas, todas asentadas en Mexicali y sin experiencia en la proveeduría de
alimentos a hospitales, de acuerdo con entrevistas hechas a las demás
firmas.
Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, fue quien firmó
las solicitudes enviadas vía correo electrónico a: José Luis Bribiesca Alcolea
(Brava Gastroindustria); Salones y jardines Arroyo Hondo, S.A. de C.V.
(Restaurante Rancho Arroyo Hondo); Oroval, S.A. de C.V. (Restaurante Pancake
House); y Mr. Pampas Mexicali, S.A. de C.V, según consta en las cotizaciones
realizadas por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de
Isesalud, obtenidas vía solicitud de Transparencia.
El primero en recibir la solicitud fue José Luis
Bribiesca Alcolea. El documento llegó a su email el 18 de marzo de 2020,
mientras que al resto de los posibles prestadores se les informó a finales de
ese mes. Dos de ellos recibieron la notificación hasta la tarde del domingo 29
de marzo. De los cuatro proveedores, solo Bribiesca envió una cotización, de
acuerdo con la información encontrada en la investigación de mercado presentada
por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, a
cargo de Miguel Ángel Marín Cardone.
José Luis Bribiesca Alcolea (Foto: tomada de Internet)
El resto de las empresas nunca tuvieron oportunidad. “La
prioridad de este negocio es la atención directa en restaurantes, no en
hospitales. No teníamos experiencia en la elaboración de alimentos
especializados para hospitales, por eso no atendimos la invitación”, explicó
Alejandro Mendoza, encargado operativo de Pancake House, uno de los negocios
convocados.
Para otros, la decisión de Isesalud estaba clara desde
antes de mandar los correos de invitación. “Al mostrar interés por la
convocatoria, las mismas autoridades de salud nos informaron que el contrato se
otorgaría por adjudicación directa a un proveedor que ya había sido designado”,
aseguró otro de los proveedores que ya había prestado el servicio con el que se
quedó Bribiesca y que pidió se reservara su identidad.
La decisión del Instituto de otorgarle a Bribiesca un
contrato millonario mediante el proceso de adjudicación directa por excepción
se basó en el decreto del ejecutivo federal en materia de salubridad general
por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVIS-19), publicado el 24
de marzo de 2020.
Incumplimiento en especificaciones de dieta hospitalaria
En Baja California cuatro de cada diez pobladores de
escasos recursos se atienden a través del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi). El Hospital Materno Infantil en Mexicali, el Hospital General de
Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito son tres de los principales
centros que atienden a esta población. Tan solo en 2020, un promedio de 30 mil
pacientes llegaron a estos pasillos.
En estas salas se realizan partos, pero también se
atienden, principalmente, a pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades
renales, hepáticas o cardiacas. Una dieta adecuada es clave en sus
tratamientos.
“La alimentación es una necesidad primaria, toda
vez que representa un factor importante para la recuperación de la salud de los
pacientes, a quienes se les debe brindar una dieta adecuada”, así se asentó en
el contrato firmado por Jorge Luis Bribiesca Alcolea y por el que obtuvo
ganancias de más de nueve millones de pesos en tan solo un año.
El documento también describe los tipos de dieta que se
tenían que elaborar, todo acorde a la patología de cada paciente atendido en el
Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y el Hospital
General de Playas de Rosarito. Además, Bribiesca se comprometió a proporcionar
alimentos que cumplieran con las características de una dieta completa a los
becarios y personal que, de acuerdo con su jornada laboral, así lo requiriera.
Video: Adelina Pazos Mora
Lo que viene asentado en el convenio al parecer no está
acorde con la realidad de los hospitales. Durante un recorrido realizado en los
tres centros de salud que son atendidos por Brava Gastroindustria, tanto
pacientes como personal médico calificaron los alimentos como de mala calidad,
insuficientes e inadecuados.
El personal médico del hospital de Tecate aseguró que el
proveedor incumple con la entrega de dieta especial para pacientes delicados,
por lo que se han visto en la necesidad de hacer reclamos por el mal
servicio.“Pido una dieta hiposódica, una dieta blanda y me llevan huevos con
jamón, no corresponden las dietas a lo que el paciente requiere”, dijo un médico
que solicitó anonimato.
Varios doctores e internos afirmaron que el menú que
otorga la empresa de Bribiesca es insuficiente, poco variado e incluso algunos
miembros del staff se han enfermado por consumirlo. La dieta del personal de
salud consta, por lo general, de huevos y frijoles para el desayuno; birria o
pollo acompañado de arroz y frijoles para la comida; y avena, quesadillas o
sándwich para la cena.
Además, sostuvieron que el proveedor no complementa la
dieta con fruta y las bebidas que ofrece no son de frutas naturales, sino
elaboradas con saborizantes artificiales, lo que incumple el manifiesto de
cumplimiento de la Ley General de Salud, normas oficiales y conocimiento del
servicio, firmado por el mismo José Luis Bribiesca.
Brava Gastroindustria, empresa inexistente
En la exposición de motivos para favorecer a la empresa
Brava Gastroindustria con un millonario convenio para la elaboración del menú
en tres hospitales, Isesalud asentó la trayectoria de más de 12 años en el ramo
de la gastronomía del proveedor.
Brava Gastroindustria, se promueve como empresa de
servicio para banquetes.
Pero al buscar la fecha de su creación solo se encontró
un aviso de funcionamiento expedido por la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y firmado por Brenda Arly Ávalos Campillo,
esposa de José Luis Bribiesca.
Ahí se indica como fecha de inicio de operaciones de
Brava Gastroindustria apenas el 13 de abril de 2016 y el Registro Federal de
Contribuyentes con el que está enlistada es AACB8301251F3, el cual le pertenece
a Brenda Arly Ávalos y no a la empresa como tal.
En este documento se inscribió el domicilio de la empresa
en Bulevar Lázaro Cárdenas 2012, de la Colonia Plutarco Elías Calles, ubicación
en donde opera la empresa Bimbo y en la cual los Bribiesca Ávalos ofrecían el
servicio de expendio y suministro de alimentos.
Brava Gastroindustria, empresa con dos direcciones
distintas, no se localizó en ninguna.
Sin embargo, como empresa carece de un domicilio público,
además de no contar con Registro Federal de Contribuyentes ni estar dada de
alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una
búsqueda hecha en diferentes portales oficiales e información entregada por
solicitudes de información.
Brava Gastroindustria tampoco está en el padrón de
proveedores de Isesalud ni en el de la Oficialía Mayor del gobierno del estado
de Baja California. Ante una solicitud de información vía transparencia, las
autoridades de Isesalud se declararon incompetentes para proporcionar copia del
alta de registro en el padrón de proveedores de José Luis Bribiesca Alcolea o
su empresa.
Aunque en el registro expedido por Cofepris viene una
supuesta dirección, en los contratos que Brava Gastroindustria obtuvo durante
el 2019 y 2020 con el gobierno de Baja California, este dato es diferente:
Avenida Retorno Anáhuac, número 992, Colonia Jardines del Lago, C.P. 21330, en
la ciudad de Mexicali, Baja California, ahí deberían encontrarse sus oficinas.
Pero este domicilio corresponde a una vivienda en
la que habitan la madre y el hermano del joven político, Rodolfo Iván
Bribiesca Alcolea. Durante una visita hecha a la casa, Rodolfo Iván aseguró que
ahí nunca ha operado negocio alguno, pero otorgó otro domicilio en el que
se encontraba su hermano José Luis.
Video: Adelina Pazos Mora
En la dirección proporcionada por Rodolfo Iván se
encontró a Brenda Arly Ávalos, esposa de Bribiesca, y se le preguntó sobre la
ubicación real del domicilio de la empresa, pero se negó a responder.
Para la firma de los contratos millonarios con el
gobierno del estado se asentó el Registro Federal de Contribuyente
BIAL-820719-HK5, el cual corresponde a José Luis Bribiesca Alcolea pero que es
distinto al RFC registrado por Cofepris.
Corta carrera política y empresarial
José Luis Bribiesca Alcolea nació el 19 de julio de 1982
y, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California,
Campus Mexicali, no ha concluido su preparación universitaria. Bribiesca, con
matrícula No. 001/60151, solo cubrió 363 de un total de 381 créditos de la
carrera de Administración de Empresas.
Su carrera como político comenzó en 2016, año en el que
fue elegido como suplente del diputado electo Jorge Eugenio Núñez Lozano, del
Partido de Baja California (PEBC), quien estuvo en este cargo de 2016 a 2019.
De acuerdo con lo asentado en el documento de Cofepris,
en 2016 también comenzó su camino empresarial con la creación de Brava Gastroindustria
y el 28 de marzo de 2019, aún siendo diputado suplente, su empresa obtuvo el
contrato con número DAD-CONFED-ISESALUD-13/19, con el objetivo de brindar el
servicio de alimentación para personas para el Hospital Materno Infantil de
Mexicali, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019. Por ese primer convenio
facturó un cobro de 4 millones 299 mil 914 pesos.
Ilustración Gabriela Guerrero
Proveedor y funcionario del gobierno de Bonilla
Con un contrato aún vigente como proveedor de servicios
de Isesalud, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Bribiesca Alcolea asumió el
puesto de coordinador ejecutivo en Oficialía Mayor, cargo por el que
percibió una remuneración de 24 mil 082 pesos.
En su declaración patrimonial de servidores públicos,
presentada el 8 de febrero de 2020, además de su sueldo como funcionario,
Bribiesca reportó un ingreso mensual de 400 mil pesos por su negocio de
comedores industriales. Pero no reportó ingresos de su cónyuge, aun cuando su
esposa Brenda Arly Ávalos Campillo ingresó a laborar a Isesalud el 1 de enero
de ese año.
Sin importar que Bribiesca ya tenía un cargo público en
la administración estatal, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja
California y titular de Isesalud, autorizó la ampliación por tres meses más del
contrato adjudicado a Bribiesca en 2019, manteniéndolo vigente hasta el 31 de
marzo de 2020.
No solo eso, el 14 de abril de 2020, en pleno periodo de
pandemia, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a través de Isesalud asignó un
nuevo convenio a José Luis Bribiesca Alcolea. De nuevo la adjudicación se entregó
sin licitación y fue por un monto máximo de 8.4 millones de pesos sin IVA, en
un periodo que comprendió del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Además de seguir como proveedor de alimentos del
Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), Bribiesca logró ampliar sus
servicios de alimentación al Hospital General de Playas de Rosarito (HGPR) y el
Hospital General de Tecate (HGT).
En total, durante 2020 Bribiesca Alcolea facturó cobros a
Isesalud por un total de 9 millones, 103 mil 963 pesos, IVA incluido, de
acuerdo con la suma de las facturas obtenidas vía transparencia.
Ilustración Gabriela Guerrero
A mediados de 2020, José Luis Bribiesca fue ascendido a
Subsecretario de Administración de Oficialía Mayor (OM), y con esto su sueldo
subió a 40 mil 962 pesos.
En su nuevo cargo tuvo la responsabilidad de asesorar a
las unidades administrativas de la OM, “en la aplicación de la normatividad que
regula los procesos administrativos, con oportunidad cuando se solicite,
asegurando el apego a los lineamientos establecidos en la materia”, se lee en
la descripción de ese cargo del que fue titular hasta octubre de 2020.
Contratos de Bribiesca, al margen de la Ley
Mediante un documento manifiesto, José Luis Bribiesca
aceptó ser funcionario del gobierno estatal al momento de obtener su segundo
contrato con Isesalud, pero esta confirmación no es suficiente para solventar
el conflicto de interés, aseguran los especialistas. Incluso en algunos casos
las irregularidades del proceso de contratación encuadran en delitos penales,
explicó Humberto Zurita López, consejero ciudadano del Sistema Estatal
Anticorrupción en Baja California.
“Puede existir conflicto de interés y tráfico de
influencias, incluyendo asociación delictuosa o coalición de servidores
públicos, faltas administrativas que se pueden convertir en delitos de
corrupción que maneja el Código Penal”, expuso.
Además, el consejero ciudadano consideró que, con todo y
contingencia de salud, no existe justificación para asignar el servicio de
alimentación a hospitales a una empresa de un servidor público y sin licitar.
“La contingencia no excluye el cumplir con la Ley ni justifica incumplirla”.
Otra irregularidad observada por Zurita López fue la
invitación enviada a proveedores en un día inhábil, acto administrativo que
debió acreditarse y justificarse en el contrato, pero no se localizó en el
documento.
Como servidor público, José Luis Bribiesca Alcolea debió
separarse de su empresa o no continuar como proveedor de Isesalud. “Eso sería
lo ético”, subrayó Vicente Sánchez Munguía, Investigador del departamento de
Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Sánchez Munguía apuntó que los funcionarios que
participaron en la asignación del contrato a Bribiesca, sí incurrieron en
responsabilidad, al ser los encargados de aplicar y actuar conforme a la Ley,
lo que podría hacerlos acreedores a sanciones de tipo administrativo. “Depende
del daño o perjuicio, las sanciones irían desde la separación del cargo, y la
amonestación, hasta la inhabilitación, pasando por multas reparatorias en el
orden administrativo”.
Facturas cobradas por José Luis Bribiesca.
Aunque Bribiesca Alcolea admitió ostentar un cargo como
servidor público en la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja
California, y tener un contrato vigente “celebrado entre la empresa Brava
Gastroindustria (de la cual soy propietario) y el Isesalud”, el joven político
consideró en un manifiesto que “no existe conflicto de intereses para seguir
prestando el servicio a ese instituto, en términos del artículo 49 fracción IX
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Dicho apartado indica que incurrirá en falta
administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en obligaciones como:
“Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de
adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra
pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el
servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de
interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse
del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del
acto en cuestión”.
La Ley de Responsabilidades Administrativas, en su
capítulo II, referente a principios y directrices que rigen la actuación de los
servidores públicos, establece que éstos no deben utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros.
El hecho de que Bribiesca reconociera en un manifiesto
ser funcionario de gobierno, no asegura que no contara con datos que los demás
proveedores no tenían. “Como funcionario de primer nivel de Oficialia Mayor,
José Luis Bribiesca Alcolea pudo contar con información privilegiada que pudo
aprovechar para obtener el contrato múltiple de adjudicación directa […]
todavía se tiene que investigar”, aseguró Vicenta Espinosa Martínez, ex
secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, al ser
entrevistada el último día de su cargo, al que renunció para ir en busca de una
candidatura en el proceso electoral local a realizarse este 2021.
Hospital General de Playas de Rosarito, al año un
promedio de 8 mil pacientes se hospitalizan aquí.
La ahora ex funcionaria anotó que en este tipo de
contratos se debe privilegiar la licitación, para que el proceso de
adjudicación sea más transparente. “Y si no lo hicieron estamos hablando de una
preferencia directa bien clara”, reiteró.
Vicenta Espinosa dijo que, de corroborarse que Bribiesca
Alcolea utilizó su posición de funcionario para obtener un contrato múltiple de
servicios, podría hacerse acreedor a sanciones que van desde una amonestación,
inhabilitación y una suspensión, dependiendo del grado de la responsabilidad.
Además, adelantó que, a partir de abril, el contrato
adjudicado a Bribiesca, al igual que todos los adjudicados durante la
contingencia de salud derivada del COVID-19, van a ser objeto de auditorías
especiales por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión será para verificar el uso correcto de los
recursos públicos, particularmente del Insabi y comprobar que no que se abusó
de la pandemia adquiriendo o adjudicando contratos de bienes y servicios que
pudieron realizarse a través de un procedimiento normal y no bajo el amparo del
decreto presentado por el Ejecutivo Federal el 27 de marzo.
Por su parte, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud y
director general de Isesalud en Baja California, dijo desconocer el contrato
múltiple que le fue otorgado a José Luis Bribiesca Alcolea, siendo funcionario
de gobierno.“Al final de cuentas yo no contrato, no reviso proveedores, esa no
es mi función directa, cada quien tiene su función en la
Isabel Mercado
