Este miércoles, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés), dio a conocer la publicación de un anuncio en el Registro Federal –equivalente al Diario Oficial de la Federación en México-, para revisar durante un periodo de 60 días la propuesta de aumentar algunas de las tarifas migratorias.
Esta revisión se basa en el Acta de Oficiales Financieros en Jefe de 1990, la cual permite a la agencia hacer revisiones a las tarifas que cobra a los usuarios cada dos años.
En promedio, las tarifas aumentarían un 21 por ciento, de acuerdo al anuncio.
El USCIS indicó que con dicho aumento busca recuperar el costo total de sus gastos.
De acuerdo a la agencia, el cobro de tarifas representa el 94 por ciento de los fondos del USCIS.
El resto de los recursos proviene de asignaciones presupuestales para cubrir los servicios de solicitantes de asilo y otro tipo de inmigrantes.
La última vez que el USCIS aumentó las tarifas fue en noviembre de 2010.
El USCIS aseguró que el cobro de tarifas ubica a la agencia en números rojos, con un faltante de 560 millones de dólares.
Esto, agregó, pone en riesgo la operación de la agencia.
Entre los cambios destacan tres nuevas tarifas para los servicios de naturalización: la regular, que pasaría de 595 a 640 dólares; la de exención para quienes carecen de recursos y una nueva de 320 para miembros de la clase media.
También se propone una nueva tarifa de 3 mil 35 dólares para los familiares de empresarios que reciben visas de negocios en el país.
Los recursos que cobra el USCIS no son gastados por dicha agencia, sino que una mitad van al Tesoro y el resto a una cuenta que permite rastrear la entrada y salida de quienes no son ciudadanos en puertos aéreos y terrestres.
Con el alza, los ingresos del USCIS pasarían de 2 mil 863 millones de dólares a 3 mil 066 millones.
Para el año fiscal 2016-2017, que inicia el 1 de octubre próximo, las autoridades esperan procesar casi 8.9 millones de solicitudes, un alza de más de 2 millones comparado con el año fiscal 2010-2011.
Luego del periodo de 60 días, la agencia analizará los comentarios hechos por el público para tomar una decisión final, la cual será nuevamente publicada en el Registro Federal.
