IMPERIAL — La Junta de Supervisores del Condado de Imperial autorizó de manera formal unirse a una iniciativa con el fin de reducir el encarcelamiento de personas que padecen enfermedades mentales.
Así lo expuso el Alguacil del Condado, Raymond Loera, quien recordó que el año pasado la Sociedad de Comunidades Correccionales (CCP) creó un subcomité para implementar la Iniciativa “Stepping Up” en el condado.
La idea es crear un grupo especial de funcionarios electos y otros para desarrollar un plan que consiga cambios en el sistema que lleven a la reducción en el número de personas encarceladas que padecen enfermedades mentales.
Esta iniciativa es respaldada por la Asociación Nacional de Condados, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales y el Consejo de Gobiernos Estatales.
A la fecha, 14 condados de California han adoptado resoluciones para formar parte de este proyecto.
Los miembros del subcomité –integrado por representantes de la Corte Superior, Defensoría Pública, Libertad Condicional, Alguacil del Condado, Servicios de Salud Conductual y Clínicas de Salud del Pueblo, han participado en seminarios virtuales para iniciar este proceso.
Loera señaló que cada año son enviados a la Cárcel local unas mil 702 personas con padecimientos mentales.
Además, en las prisiones hay de tres a seis veces más presos con enfermedades mentales serias que el resto de la población.
El Alguacil expresó que casi tres cuartas partes de los adultos con enfermedades mentales graves tienen desórdenes de consumo de sustancias, tienden a permanecer encarcelados durante más tiempo y son más proclives a la reincidencia.
Así mismo, las cifras muestran que las cárceles municipales pasan de dos a tres veces más en atender a personas con padecimientos mentales que el resto de la población.
Las autoridades buscan una alternativa a nivel local para personas con problemas mentales, en lugar de ser recluidos en la cárcel.
La llamada “Convocatoria a la Acción”, incluida en la iniciativa, cuenta con seis pasos para alcanzar el objetivo: crear un grupo de líderes de diversas agencias para analizar la situación, recolectar cifras del problema, revisar la capacidad de tratamiento y servicio, desarrollar un plan con resultados que puedan ser medidos sobre encarcelamiento y tratamiento, implementar pasos basados en la investigación y crear un proceso de seguimiento a través de sistemas de información.
