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    Demandan a la Ciudad de Calexico

    SAN DIEGO — El ex Jefe de la Policía de Calexico, Michael Bostic, así como el ex Director de Obras Públicas, Nick Servin, presentaron demandas contra el actual Administrador interino por haberlos despedido el año pasado.

    De acuerdo a un cable del Servicio de Noticias Courthouse, la demanda fue presentada el pasado viernes 13 de mayo ante la Corte Federal en San Diego.

    Bostic y Servin afirman haber sido retirados de sus cargos por haber cooperado en la investigación del FBI por supuestos crímenes cometidos y fraude al tiempo extra por parte de ex agentes policiacos y funcionarios del gobierno fronterizo, incluido el mismo actual administrador, Nick Fenley.

    Según su abogado, Bradley Gage, del despacho Goldberg & Gage de Woodland Hills, en este caso hubo venganza contra quienes buscaban limpiar la corporación y resolver el problema de la corrupción.

    El abogado señaló que, al igual que en muchas otras corporaciones policiacas, uno de los obstáculos principales para combatir la corrupción es el código de silencio que impide a los oficiales acusar a sus compañeros por mala conducta.

    En la demanda participan además como co-demandantes el ex Teniente Gonzalo Gerardo y la Asistente Ejecutiva Martha Gómez, quienes reportaron este tipo de incidentes relacionados al tráfico de drogas, robo y quejas por uso excesivo de la fuerza policiaca al FBI desde 2013.

    De acuerdo a la información, el ex Jefe de la Policía Pompeyo Tabarez presuntamente fue cómplice de este tipo de actividades criminales y las encubrió.

    Tabarez fue despedido y reemplazado en 2014 por Bostic, quien tras asumir el puesto inició una investigación que llevó al FBI a incautar evidencias de la comandancia en un operativo.

    De acuerdo a la acusación, varios miembros del Concejo de la Ciudad buscaron despedir a Bostic, quien fue defendido por el entonces Administrador, Richard Warne.

    La demanda no va en contra de los miembros del Concejo de la Ciudad.

    Según Bostic, el año pasado fueron descubiertos 38 casos sin investigar de conducta criminal por parte de oficiales policiacos, que llevó al despido de seis agentes.

    Además, el entonces jefe policiaco solicitó al Departamento del Alguacil del Condado de Imperial a auditar el cuarto de evidencias de la policía local, en el cual faltaban dinero, droga, armas y propiedad de terceras personas, presuntamente hurtadas por oficiales poliacicos.

    Sin embargo, la redacción tuvo conocimiento de fuentes cercanas al caso que el Alguacil sugirió cerrar el cuarto de evidencias y abrir uno nuevo, ante el desorden que imperaba en este.

    Tres miembros del Concejo de la Ciudad despidieron eventualmente a Warne y contrataron a Fenley como interino.

    De acuerdo a Bostic, Fenley descubrió la investigación y cooperación con el FBI y cuando el ex jefe policiaco acudió a la oficina del administrador para obtener copias de la indagatoria, no las encontró.

    Posteriormente, Servin fue puesto en ausencia administrativa, Gómez colocada en un puesto de secretaria en otro departamento y Fenley presuntamente amenazó con despedir a Bostic en caso de no detener las investigaciones, para las cuales ya no hubo recursos.

    El ex jefe policiaco presentó cargos criminales contra Tabarez y varios oficiales ante la Fiscalía de Distrito del Condado de Imperial y ante el FBI para evitar la intervención del administrador interino.

    Luego de esto, Fenley despidió a Bostic y a Servin.

    El abogado del ex jefe policiaco descartó la posibilidad de que su cliente vuelva a su empleo, por lo cual está exigiendo una compensación monetaria de la ciudad por salarios perdidos, futuros ingresos, derechos de pensión y otros beneficios, así como daños punitivos derivados de la Primera Enmienda y venganza por denunciar los casos criminales.

    En entrevista telefónica, Gage afirmó que este es un caso perfectamente típico de venganza por denunciar sospechas de actividad criminal.

    El abogado dijo confiar en ganar este caso, debido a que ha logrado fallos a favor en otros similares en el estado, que han dado a sus clientes varios millones de dólares.

    “Las leyes deben dar apoyo a individuos por combatir lo que se hace mal e investigar casos como este”, aseguró Gage.

    “Mis clientes estaban haciendo un servicio público”, agregó.

    El abogado dijo desconocer el estado en que se encuentra la investigación del FBI de los casos de presunta corrupción al interior de la policía de esta frontera.

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