El diputado Miguel Peña Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar penas a la violencia familiar
Mexicali. El diputado local Miguel Peña Chávez, presentó una iniciativa de reforma que busca aumentar penas a la violencia familiar.
La propuesta incluye una pena mínima de tres años, mientras que como máxima quedaría en siete años, estableciéndose en el artículo 242 BIS del Código Penal del Estado.
La violencia familiar es una realidad en nuestro país, la cual desafortunadamente empeoró aún más por la pandemia del virus Covid-19, justificó el legislador.
El encierro, incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, ocasionaron situaciones difíciles en los miembros de la familia en distintos contextos.
“Es necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las familias de la violencia que se desata por otro miembro del núcleo familiar”, mencionó Peña.
El diputado agregó que el propósito de la iniciativa es no dejar lagunas jurídicas que beneficien a los delincuentes y que dificulten sancionar este delito.
Al incrementar las sanciones y establecer que el delito se persiga de oficio llevará a que la violencia familiar no escale a la violencia extrema o por razones de género, que pudiera constituir un feminicidio, argumentó el diputado.
En comparación con otros estados, Baja California se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al mínimo de años de prisión.
En lo que respecta a la pena máxima, en otras entidades federativas la modificación a la pena surgió como una media de control ante el aumento de casos de violencia familiar, explicó.
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La iniciativa de reforma también contempla adicionar dentro del mismo artículo, la modalidad de “Violencia Vicaria”.
Esta modalidad se traduce como aquella manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva de pareja con la víctima.
Por sí mismo o por otra persona, utiliza a los seres queridos de la víctima, especialmente a las hijas y los hijos como instrumento para causarle daño, señaló.
Peña expuso que la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo.
Por ello, indicó, la única manera de dar cierta fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente sólida para que se logre un efecto positivo.
“El agresor deberá tener en cuenta que la pena que castiga el delito de violencia familiar se encontraría fuera de los alcances de una suspensión condicional del proceso, causando un efecto preventivo en este tipo de delito, lo que estadísticamente sería benéfico para el estado”, concluyó.
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