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jueves, 2 julio 2026
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    Revela reporte buenos resultados del C4 de Baja California

    El Centro de Emergencias de Baja California, conocido como C4, el cual busca reemplazar el gobierno de Francisco Vega con el costoso y polémico C5i, registra buenos resultados comparado con los otros centros de las entidades del país.
    Así lo revela un documento llamado "La Subutilización del 911 en México: Evaluación a los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en México 2017", creado por la organización Causa en Común que preside María Elena Morera Mitre.
    El organismo estudió los 32 centros de atención de emergencias de los estados a través de solicitudes de información y entrevistas de campo, en los que se analizaron leyes, organización interna, personal, infraestructura, manuales de operación y manejo de información y alianzas institucionales.
    Baja California se ubica en quinto lugar con cuanto presupuesto en 2017 de los centros de atención de emergencias con 91 millones de pesos, debajo de Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato, además de la Ciudad de México que gastó el año pasado más de 2 mil 833 millones de pesos.
    En cuanto al costo por llamada, el estado se colocó en sexto lugar con 12.48 pesos y debajo de la Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, Colima y Tamaulipas.
    Según el reporte las autoridades de Baja California les toman cuatro minutos para responder a una emergencia debajo de Veracruz y la Ciudad de México con apenas un minuto, Coahuila, Puebla, Jalisco y Quintana Roo con dos minutos.
    Según el reporte en la Ciudad de México y el estado de México hay instaladas más de 25 mil cámaras en las vialidades, mientras que en Guanajuato hay 2 mil 700 y en Tamaulipas mil 400.
    El estado que menos cámaras posee según el reporte fue Tlaxcala con trescientas, dato en el que Baja California no aparece, aunque el estudio indica que en la entidad hay 3.56 cámaras por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Guerrero y la vecina Sonora.
    Sin embargo, Baja California es el único estado que cuenta con tecnología adecuada para facilitar las labores de rescate en caso de desastres naturales como cámaras térmicas.
    Junto con otros ocho estados, Baja California solamente resguarda el material recopilado por los centros de emergencia durante 30 días o menos y por debajo del promedio nacional de 494 días.
    El estudio señala que mientras los directores de los centros de emergencias ganan a nivel nacional un promedio de 30 mil pesos mensuales, los operadores no llegan a los 8 mil pesos, como es el caso de Baja California que se ubica a la mitad de la Escala Nacional.
    El estudio revela que mientras Guanajuato cuenta con 44 centros de emergencia, Guerrero con 19, Jalisco con 12, y Chiapas, Chihuahua y Puebla con 10, Baja California solamente cuenta con cinco centros en el estado.
    Esto lleva al Estado a contar con 0.15 centros por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del 0.93 de Querétaro, el 0.75 de Guanajuato, el 0.44 de Zacatecas y el 0.42 de Baja California Sur.
    En promedio los centros emergencia reciben 12 mil 727 llamadas diarias, de las cuales el 78 por ciento son improcedentes.
    Los centros de Baja California reciben cada mes poco más de 600 mil llamadas que colocan al está en cuarto lugar nacional detrás de la Ciudad de México, el estado de México y Nuevo León.
    El tiempo promedio de respuesta a las llamadas de emergencia a nivel nacional es de 9.3 minutos.
    El reporte establece que sólo trece estados, incluido Baja California, cuentan con botones de pánico y aplicaciones para teléfonos inteligentes para reportar emergencias, además de ser uno de los dos estados que aplican encuestas para evaluar la calidad del servicio entre los usuarios y evaluar el desempeño de los operadores.
    El documento señala que solamente seis estados entre los cuales, no se encuentra Baja California, se reporta la relación entre la operación de los centros y la incidencia delictiva.
    Según el organismo, los centros pudiesen aprovechar la información para uso de otras dependencias en la elaboración de planes operativos, crear mapas delictivos y difundir la información entre la población sobre las zonas más peligrosas de la localidad.

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