El pasado 24 de marzo, el presidente López Obrador presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la que propone modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, relacionadas con la industria minera y el uso de agua en las actividades mineras. La iniciativa apunta hacia la recuperación de la soberanía nacional sobre estos recursos naturales, así como su orientación hacia el beneficio social. Es una iniciativa que retoma las propuestas y las demandas que desde hace varios años han realizado un conjunto de organizaciones sociales, comunidades afectadas por la minería, defensores de la tierra y grupos de científicos comprometidos con la sociedad y el medio ambiente.
Las principales características de la propuesta son que elimina el carácter preferente de la minería por sobre otros usos productivos del territorio; reduce el tiempo de las concesiones de 50 a 15 años, prorrogables una única vez por otros 15 años; elimina el “terreno libre” para la minería y plantea que las concesiones ya no se otorgarán a quien las solicite primero, sino bajo concurso público; establece la consulta indígena obligatoria, el estudio de impacto social y la obligatoriedad de suscribir convenios y contraprestaciones de al menos 10% de las utilidades de la actividad minera con comunidades o pueblos habitados en terrenos donde se pretenda dar una concesión.
Se elimina la expropiación y se transita hacía la solicitud de ocupación temporal; se deroga la posibilidad de extraer cualquier tipo de mineral o sustancia encontrada y se elimina la especulación con la concesiones; se establece como requisito un programa de restauración, cierre y post-cierre de minas y se elimina la disposición final de residuos; se estipulan delitos mineros y se amplían las causales de cancelación de las concesiones.
También se plantea que no se otorgarán concesiones mineras en zonas sin disponibilidad de agua, en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o donde se ponga en riesgo a la población. Tampoco en cauces o vasos de aguas nacionales, en islas, en zonas marinas y submarinas y en los terrenos ganados al mar. Se elimina el aprovechamiento del agua y la concesión preferente sobre fuentes de agua que existan en las minas y se crea un nuevo tipo de concesión de agua exclusiva para la minería con duración de 5 años, prorrogables por periodos iguales (hoy tienen concesiones de uso industrial por 25 o 30 años).
En suma, esta reforma va a contracorriente del actual modelo de devastación y saqueo minero vigente desde hace 30 años e instaurado mediante las célebres reformas estructurales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mismo que ha provocado “contaminación de cuerpos de agua y de los suelos, deforestación, enormes montañas de minerales lixiviados altamente tóxicos, desplazamiento de comunidades, conflictos sociales, graves daños a la salud pública, confrontación entre los habitantes de las comunidades afectadas y muy escasos beneficios económicos locales y para el país.”, según lo describe el sitio Así se ve la Minería en México. También ha conllevado a que seamos el país latinoameriano con más conflictos socioambientales por la minería y que existan múltiples casos de agravios a los derechos laborales a los trabajadores mineros y tragedias como los 65 trabajadores sepultados en Pasta de Conchos y los 10 obreros de El Pinabete, ambas en Coahuila.
Ahora bien, aunque no se requiere mayoría calificada para aprobar esta iniciativa, ya que se trata de reformas a leyes secundarias, y por tanto bastaría el voto de la bancada oficialista y sus aliados para aprobarla, sabemos que los grandes consorcios mineros tienen un enorme poder político y económico y seguramente buscarán a toda costa detenerla o moderar su contenido. Tampoco queda claro que va a ocurrir con las concesiones vigentes, si de aprobarse las reformas se aplicarán a ellas (retroactividad) y de qué forma (o hasta que se busquen renovar). Y muy seguramente, si aplica esto, las compañías van a defenderse en el terreno judicial y ante los mecanismos de controversias comerciales del T-MEC y/o del Acuerdo Transpacífico. O también puede que simplemente sigan operando por sobre las leyes, tal cual lo hacen hoy en día en muchos casos.
Hay muchas incógnitas respecto a la propuesta y sus consecuencias, que se irán develando conforme se discuta en el Congreso, pero sin duda es una de las reformas más trascendentes del actual gobierno y un paso importante para transformar el colonialismo minero que existe en México.
El caso de Baja California
Pasando a la pregunta del título del artículo, sobre qué relevancia tiene para Baja California esta propuesta, aquí detallo un breve panorama sobre la minería en el estado y sobre las posibles implicaciones si la reforma es aprobada, así como diversas interrogantes que surgen en torno a ella.
De acuerdo a datos del Servicio Integral de Administración Minera (SIAM), Baja California se encuentra en el séptimo lugar por superficie concesionada a la minería. En el estado existen registradas 987 concesiones mineras, de las cuales el 39% (384) se encuentran canceladas y el 61% (603) están vigentes. Estas últimas amparan una superficie de poco más de 1 millón de hectáreas y la mayor parte son de fierro, oro, plata, titanio, cobre y sal.
Asimismo, según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el estado existen 18 proyectos mineros registrados, la mayoría en etapa de exploración. Los minerales que amparan estos proyectos son en su mayoría oro, plata, cobre, fierro, titanio, magnesio y litio. Algunas de estas compañías son filiales de las mexicanas Grupo Frisco y Grupo México. El resto son de las canadienses Millrock Resources Inc, Premier Gold Mines Ltd, Sutter Gold Mining Inc, la china AA Mine Holding y la estadounidense American International Ventures, Inc., entre otras.
Una cuestión central para Baja California en relación a la iniciativa es lo relativo al agua. Si se plantea que no se otorgarán concesiones donde no exista disponibilidad del líquido, falta precisar qué criterio se tomará para determinar esto, sin embargo, el problema de la escasez de agua está presente en casi todo el estado. Por ejemplo, todos los municipios bajacalifornianos se incluyeron en la declaratoria de emergencia por sequía de julio de 2022. Asimismo, 229 concesiones mineras en el estado se ubican en acuíferos sin disponibilidad. ¿Se cancelarían las concesiones en estas zonas? ¿Se prohibirían en todo el estado si persiste la emergencia por sequía?
Por otro lado, en el ANP Valle de los Cirios existen 103 concesiones mineras vigentes, de las cuales 83 son de exploración, abarcando un área de 357,496 hectáreas; y 18 concesiones de explotación, que aglutinan una superficie de 56,366 hectáreas. Es la tercera ANP del país con mayor número y superficie concesionada a la minería.
En el ANP Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, compartida por Baja California y Sonora, existen 48 concesiones mineras vigentes, de las cuales 34 son de exploración (11,552 ha) y 13 de explotación (19,756 ha). La mayoría son salares y otras de plata-plomo-cobre.
De aprobarse la reforma y la prohibición de la actividad minera en ANPs, ¿se cancelarían inmediatamente estas concesiones?
En el estado también existen concesiones vigentes en el lecho marino, como las ubicadas frente a las costas de Punta Colonet y valle de San Quintín, así como una concesión de exploración en la isla Todos Santos (que también es ANP), frente a las costas de Ensenada, y otra junto a La Bufadora. En adición, existen 97 concesiones mineras vigentes que atraviesan los cauces de arroyos y otras corrientes de agua, como son los arroyos San Simón, San Miguel, Santa Catarina, Jaraguay, Delfin y Santa Isabel, o los ríos Hardy, San Vicente, San Rafael, del Rosario, Grande y hasta el cauce del río Colorado. Dado que todas estas son áreas donde se prohibiría la minería, ¿también se cancelarían?
Otro aspecto relevante de la propuesta en Baja California es el relativo a la obligatoriedad de contar con un programa de restauración, cierre y post-cierre de minas. El pasado 1 de diciembre de 2022, la mina de San Felipe, de la empresa Real de Ángeles, propiedad de Minera Frisco, cerró sus operaciones, dejando sin empleo a unos 100 trabajadores sindicalizados. Es una mina subterránea y a cielo abierto, cuyo mineral se beneficiaba mediante lixiviación estática (con cianuro). Su capacidad de trituración del mineral era de 37,000 toneladas por día. Producía barras de doré con contenidos vendibles de oro y plata.
Al pasar frente al predio de la mina y desde fotografías aéreas son visibles las enormes montañas de lixiviados (ver imagen principal de este artículo), la presa de jales y represas de soluciones químicas que permanecen en el sitio. Desde que la empresa concluyó sus operaciones surgió la preocupación sobre el destino de esos depósitos de sustancias tóxicas, así como de la contaminación del propio sitio, dado que actualmente no existe una regulación adecuada e integral del cierre y abandono de minas. Esta empresa en particular ha sido señalada por generar contaminación en el subsuelo y en las aguas del Golfo de California, así como afectaciones en la salud de los habitantes del puerto de San Felipe.
Dado que las concesiones de esta mina continúa vigentes (algunas hasta después de 2050), de aprobarse y entrar en vigor la reforma, ¿Aplicaría retroactivamente la ley para este caso? ¿Se le obligaría a Real de Ángeles a efectuar el cierre adecuado y la remediación del sitio?
Otro aspecto que exhibe aspectos cruciales de la reforma es que la mina en cuestión es el segundo mayor usuario industrial de aguas subterráneas en el estado, con un volumen anual concesionado de 1.1 millones de m3. Obtuvo la concesión de agua en 1994, por lo que ya debe de haber concluído o debe de estar por concluir su vigencia (25 o 30 años). Esto da cuenta de la importancia del consumo de agua de la minería y de la propuesta de establecer concesiones de agua para uso minero reduciendo su tiempo de vigencia prorrogable a 5 años.
Esta mina también fue célebre porque en los últimos 2 años a su cierre, hubo 4 muertes de trabajadores como consecuencia de la falta de medidas de seguridad. Con la iniciativa propuesta esto sería causal de suspensión de obras y trabajos mineros, así como un delito minero.
Y ya para acabar con el caso, está el tema de la ocupación de terrenos: Los ejidatarios del ejido Plan Nacional Agrario, sobre el cual operaba esta mina, mantenían un conflicto legal por el arrendamiento de tierras, puesto que el contrato firmado en 1993 con la compañía minera se venció en octubre de 2019 y la empresa buscaba sostenerlo bajo cláusulas abusivas. Son 214 ejidatarios que integran el núcleo agrario y que recibían en conjunto un pago anual de 3 millones de pesos, mientras que, de acuerdo a la Dra. Jeanneht Armendáriz, durante ese lapso de tiempo la empresa ha obtenido ganancias de hasta 320 millones de dólares, lo que significa que los ejidatarios recibieron un pago equivalente a alrededor del 1% de las utilidades de la mina. En contraste, la reforma en cuestión plantea que se tienen que firmar convenios con las comunidades o ejidos en los que se otorgue una concesión y pactarse una contraprestación de al menos 10% de las utilidades de las actividades mineras.
Y esto es relevante porque casi el 70% del territorio bajacaliforniano es propiedad social. De hecho, las concesiones mineras vigentes en el estado se encuentran parcialmente sobre la superficie de 109 ejidos y 2 comunidades indígenas (El Mayor Cucapá y Misión de Santa Catarina). Y aquí son importantes tanto la consulta indígena, como el manifiesto de impacto social y por supuesto, los convenios y contraprestaciones estipulados en la propuesta de reforma.
Haciendo esta pequeña revisión sobre algunas implicaciones que conllevaría, para el caso de Baja California, la aprobación de la iniciativa, se genera un gran entusiasmo en quienes defendemos el territorio y estamos en contra del saqueo y devastación minera. Sin embargo, coincido con Francisco López Bárcenas sobre que la iniciativa se puede quedar en la mera ilusión, si no se defiende con lucha organizada. Porque su aprobación y puesta en marcha es un asunto de correlación de fuerzas y, ante el gran poder de las empresas mineras, toca inclinar la balanza desde abajo para que la iniciativa se concrete, se vuelva un triunfo popular y pueda ser efectiva en los territorios.
* El autor es Maestro en Geografía por la UNAM. Escribe análisis y publica mapas en el blog Geografía Septentrional.
