La diputada panista Amintha Guadalupe Briceño Cinco propuso una reforma a la ley de la CEDHBC para garantizar derechos de reclusos
Una diputada del Partido Acción Nacional presentó un proyecto de ley con el que busca garantizar derechos de reclusos.
La iniciativa de reforma busca precisar la forma de presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Diputada del PAN, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, dijo buscar en particular establecer mecanismos seguros de queja a las personas privadas de su libertad.
El proyecto tiene como objetivo ampliar de tres a cinco días el plazo para la ratificación de la queja.
La propuesta de decreto, en caso de su apropiación, hará cambios al Artículo 28 de la Ley de la CEDHBC.
El proyecto quedó a disposición de comisiones del congreso para su análisis y dictaminación.
Las quejas
La propuesta indica que las quejas deberán presentarse en forma oral, por escrito o por cualquier otro medio idóneo.
Podrán formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad.
No se admitirán denuncias anónimas.
Por ello, toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación.
Esto, en caso de que el quejoso no se identifique y la suscribe en un primer momento.
Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren en un centro de detención o de reinserción social, sus escritos deberán ser transmitidos sin demora, ni censura alguna, por los servidores públicos que laboren en dichos establecimientos.
La falta de su cumplimiento será sancionado por la Ley, agregó la legisladora.
La Comisión, en coordinación con las autoridades de la materia, establecerá mecanismos para la entrega-recepción de denuncias, quejas, reclamaciones.
Lo mismo ocurrirá en general con cualquier tipo de comunicación.
La legisladora destacó que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por ello, argumentó, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La diputada agregó que el principio de progresividad, plasmado en la Constitución, implica que los entes de gobierno deben modificar la normatividad a fin de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
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