InicioOpiniónDe incrementos de agua, proyectos hídricos y correlaciones de fuerza en BC

De incrementos de agua, proyectos hídricos y correlaciones de fuerza en BC

De incrementos de agua, proyectos hídricos y correlaciones de fuerza en BC, columna de opinión de Iván Martínez Zazueta*

El pasado martes 25 de octubre de 2022, el Congreso de Baja California aprobó un aumento gradual de entre el 6% y el 20% en las tarifas por consumo doméstico de agua en todos los municipios del estado, exceptuando a los usuarios que consumen menos de 15 metros cúbicos (m3) al mes. Para el caso de los usos no domésticos (industria, comercio, servicios) el incremento en la tarifa es parejo y oscila entre el 22% y el 30%, dependiendo del municipio. Estos aumentos van en paquete con una sobretasa del 1.25% al Impuesto sobre Nómina (aplicado a empresas con más de 50 trabajadores) y un aumento del doble de la tarifa por el uso de escoltas para particulares.

Los incrementos son parte de una reforma a la Ley de Ingresos para el actual ejercicio fiscal (por lo que aplicará en los meses de noviembre y diciembre) y fueron propuestos por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda a través del secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia.

El secretario argumentó que los recursos recaudados se invertirán en infraestructura hídrica y seguridad, mientras que fuentes periodísticas señalaron que lo que en realidad pretenden es generar mayores ingresos para tener una mejor calificación crediticia y reestructurar la deuda pública. Y esto tiene lógica, pues resulta incongruente que se efectúe una reforma a la ley de ingresos en curso y que sólo aplicará a los meses de noviembre y diciembre. Es obvio que el gobierno busca cerrar el año con mayor recaudación.

Como era de esperarse, el incremento en la tarifa de agua generó inconformidad y protestas, principalmente entre los sectores más afectados: por un lado, para el caso de la tarifa comercial, de los empresarios y sus representantes más fieles en el Congreso y en los partidos políticos (PAN y MC). Por el otro, para el caso de la tarifa doméstica, de ciudadanos de Zona Costa, principalmente, quienes marcharon en Tijuana.

No pocos compararon los aumentos en las tarifas de agua con los incrementos establecidos en la abrogada Ley estatal de Aguas de Kiko Vega. Algunas personas, incluso, recriminaron la falta de movilización tal cual ocurrió en enero de 2017 ante el aumento de tarifas. Los panistas cínicamente se preguntaron dónde estaban las resistencias y los activistas defensores del agua (a quienes, por cierto, siendo gobierno el PAN reprimieron y persiguieron judicialmente).

Ante esta controversia vale la pena hacer no sólo un análisis comparativo entre ambos incrementos, sino también de la correlación de fuerzas que expresan y cómo esta se materializa en un ámbito tan fundamental como es la política hídrica y su correspondiente política de precios.

Realizaré la comparación de tarifas de la CESPM y la CESPT, ya que son los únicos organismos operadores que en sus páginas web permiten la consulta histórica de tarifas.

La ley de aguas de Kiko Vega planteaba un incremento parejo de alrededor del 20% en las tarifas para uso doméstico. La actual reforma plantea un incremento gradual en las tarifas de uso doméstico a partir de los 15 m3, en adelante, el cual va del 1-2% para el rango de 16-20 m3, hasta 20-22% (Mexicali) y 14-15% (Tijuana), para el caso de los rangos mayores a 50 m3, esto tomando en cuenta la inflación aplicada a la tarifa hasta octubre de 2022 (ver gráfica).

Comparativo de porcentaje de amento para uso doméstico en Mexicali y Tijuana
Comparativo de porcentaje de amento para uso doméstico en Mexicali y Tijuana

En el caso de las tarifas de uso no doméstico, la ley de aguas de 2016 establecía un incremento aproximado del 20% para ambos municipios, mientras que la actual reforma plantea un aumento de alrededor del 25% para Tijuana y del 30% para Mexicali, esto tomando en cuenta la inflación hasta octubre 2022 (ver gráfica).

Comparativa de porcentajes de aumento para uso no doméstico en Mexicali y Tijuana
Comparativa de porcentajes de aumento para uso no doméstico en Mexicali y Tijuana

Con los anteriores datos y gráficas es posible afirmar que, en efecto, los incrementos establecidos en la actual reforma están dirigidos a los usuarios domésticos de mayor consumo, así como al conjunto de usuarios comerciales, industriales y gubernamentales, sin distinción por rango de consumo; y que el aumento para éstos últimos es menor que el de los usuarios domésticos. Esto a diferencia de la ley de aguas de 2016, en la que los aumentos eran parejos para ambos tipos de usuarios, con algunas diferencias porcentuales por municipio. Asimismo, para el caso de los usuarios no domésticos, el incremento en 2022 es mucho mayor que el de 2016.

Ahora bien, ¿cómo se reflejan ambos esquemas de aumentos en la recaudación de los organismos operadores? De acuerdo a datos de CESPM solicitados por transparencia, los ingresos obtenidos en 2016 por la prestación del servicio de agua en Mexicali correspondían a 36% del sector doméstico, 26% del comercial, 23% del gubernamental y 15% del industrial.

Esto quiere decir que, en términos recaudatorios, el sector del que el gobierno de Kiko Vega pretendía obtener mayores recursos con la ley del 2016 es el doméstico, seguido del comercial, gubernamental e industrial. A su vez, si tomamos como verídicas las cifras del Seproa en las que afirma que el consumo del 70% de los usuarios domésticos está por debajo de los 15 m3,  la mayor recaudación de los incrementos de 2016 provendría de los usuarios de más bajo consumo.

Asimismo, la ley de aguas de 2016 proponía que durante el primer año de su aplicación (2017) las tarifas se incrementarían mensualmente con base al ajuste inflacionario (tal cual ocurre ahora), sin embargo, a partir de 2018 se aplicaría una nueva fórmula (que incluía costos de operación, mantenimiento y administración, así como rehabilitación de infraestructura y amortización de inversiones), la cual implicaba, en los hechos, la liberalización de las tarifas al mercado (y muy seguramente aumentos mensuales de mayor escala), pues las tarifas ya no se fijarían en las leyes de ingresos. Todo esto manejado por dos organismos operadores metropolitanos privados que tendrían la facultad del corte del suministro a usuarios que no paguen el servicio por 90 días. Este era el gran proyecto hídrico neoliberal del gobierno de Kiko Vega y que la ciudadanía movilizada logró cancelar.

Con el esquema de aumentos del 2022 los sectores de los cuales la administración de Marina del Pilar pretende obtener mayores recursos son el comercial, seguido del gubernamental, industrial y doméstico de mayor consumo. Y de ellos, quienes se van a ver más afectados de manera individual son las industrias, pues si bien para el caso de CESPM representan el 15% de lo recaudado por tarifas en 2016, en dicho año el número de usuarios de ese sector era sólo de 172 y el promedio de consumo por toma industrial era de poco más de 2,000 m3 mensuales. A estos se les aplicará un aumento de 30%, por lo que, para el caso de Mexicali, si por el promedio mensual pagaban 157,000 pesos, con el aumento subirá a 205,390 pesos. Si bien en la ley de 2016 el aumento era del 20% y también iban a ser los usuarios individuales más afectados, no recuerdo que los empresarios industriales se hayan inconformado públicamente y/o protestado ante ello. Seguramente llegaron a un acuerdo con el gobierno de Kiko Vega.

No obstante, la nueva ley también tiene afectaciones directas e indirectas a los sectores de menor consumo y menores recursos. Por un lado, no queda claro la cantidad de usuarios que están exentos de la aplicación del los aumentos. Si bien las autoridades afirman que el 70% de los usuarios domésticos consumen menos de 15 m3, también han declarado que en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito el consumo promedio es de entre 12 y 13 m3, que en Ensenada oscila entre los 9 y 10 m3 y que en Mexicali es en promedio entre 16 y 17 m3, lo cual no cuadra del todo con la primera afirmación. Esta última cifra al menos coincide con los datos de los que dispongo sobre el consumo en Mexicali en 2016 (17.2 m3 mensuales en promedio por usuario doméstico) e implicaría que en dicho municipio sí va a haber un incremento y que seguramente se verá reflejado en los recibos de verano, que es la época del año en la que se consume más agua. Pero es un incremento muy menor comparado con su equivalente en Zona Costa, pues ya con el aumento aplicado, un usuario doméstico que, por ejemplo, consume 25 m3 mensuales en Mexicali pagaría unos 245 pesos (alrededor de 30 pesos más que antes de la reforma), mientras que en Tijuana pagaría 850 pesos y Ensenada 920 pesos (unos 80-90 pesos adicionales). Estos últimos son municipios que de por sí ya tienen problemas de mala calidad del servicio de agua y que pagan altas tarifas. Sin embargo, comparado con la ley de agua de 2016, el impacto doméstico es mucho menor.

Cabe señalar que las autoridades argumentan que con 15 m3 se cubre la necesidad de una familia de 5 integrantes, sin embargo, esto se contradice con las cifras que presenta la CESPT. En su sitio web se establece que 15 m3 son lo que en promedio consume un departamento o vivienda pequeña con 5 integrantes o una casa sin jardín con 3 integrantes, mientras que una casa con jardín con 4 integrantes consumiría 20 m3. Evidentemente estas cifras cambian por ciudad y por temporada. Aquí se ve cómo buscan maquillar los números.

Otra afectación es la relativa al aumento parejo en el sector comercial. Para empezar, este incremento afectaría a los pequeños comercios que consumen poca agua. Y esto es particularmente dañino para los negocios que apenas están recuperándose económicamente tras la recesión provocada por la pandemia. A su vez, el aumento en las tarifas puede causar un efecto inflacionario al afectar a tiendas de abarrotes, restaurantes, tortillerías, purificadoras u otros establecimientos que proveen productos y servicios básicos y que probablemente se vean obligados a incrementar sus precios ante el aumento del recibo de agua. Por ejemplo, un negocio que en Tijuana consume en promedio 30 m3 mensuales (que es el promedio para usuarios comerciales) pasará de pagar 3,355 pesos a 4,230 pesos. Creo que una medida progresista hubiera sido exentar también a los usuarios comerciales de menor consumo o que el aumento en esta tarifa también hubiera sido escalonado, porque aquí es donde va a ocurrir la mayor afectación a las clases populares.

Cabe decir que aunque las organizaciones empresariales argumentan que el aumento en las tarifas provocará que los costos se transfieran a los consumidores, para el caso de las maquiladoras no ocurrirá así, o por lo menos no en Baja California, pues como es sabido la mayor parte de su producción (hasta el 90%) se destina al mercado estadounidense. Justamente una de las ventajas comparativas para la instalación de industrias en Baja California, y en especial, en Mexicali, es el acceso a agua barata. Así se describe en varios portales con los que se pretende atraer inversiones industriales al estado. Incluso se dice que en Mexicali se tiene mucha más cantidad de agua para el sector comparado con la industria común en México y que es 2.5 veces más barata que en California. Entonces, simplemente, con el incremento en las tarifas, los costos de estas industrias aumentarán, o lo que es lo mismo, sus márgenes de ganancia bajarán.

Y por último, el aumento al sector gubernamental, en el que se incluyen escuelas, clínicas, oficinas públicas, entre otras, y que ante los aumentos pudieran solicitar mayores cuotas, incrementar el costo de sus servicios, hacer recortes en otras áreas, o requerir mayores recursos públicos (que vienen de nuestros bolsillos). El promedio de consumo mensual 2016 para este tipo de usuarios en Mexicali es de 225 m3, lo cual significa que pasarán de pagar 17,000 pesos a 22,200 pesos. En el caso de Tijuana, si el promedio fuera similar, un usuario gubernamental pasaría de pagar 26,600 a 33,600 pesos. Esta será otra afectación a las clases populares.

Finalmente, ¿cómo se puede interpretar políticamente estos incrementos? He aquí donde el análisis de correlación de fuerzas es importante. En 2016 el gobierno de Kiko Vega, emanado del PAN y con apoyo del priismo hankista, tenía una relación de respaldo del empresariado local, principalmente de Coparmex y el CCE (de sus filas viene su secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, quien, por cierto, junto con su socio Federico Díaz Gallego, fue señalado por el ex-gobernador Jaime Bonilla por robo de agua para sus empresas). El Congreso local estaba dominado por el PAN y sus aliados (aquí se incluye a Carlos Torres, esposo de la hoy gobernadora), quienes aprobaban absolutamente todo lo que proponía el ejecutivo. A nivel federal, el gobierno estatal tenía una buena relación con el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, quien en su momento también intentó impulsar una ley de aguas con tintes privatizadores. Y por último, no existía un antecedente cercano de movilizaciones ciudadanas importantes en el estado.

Todo esto se reflejó en sus decisiones en materia hídrica: la ley de aguas y los incrementos que afectaban a los usuarios de menor consumo; la infraestructura hídrica impulsada vía Asociaciones Público-Privadas (APPs), muchas de ellas propuestas como proyectos no solicitados por los mismos empresarios y en alianza con empresas transnacionales; el impulso de la planta cervecera de exportación de Constellation Brands y la construcción de infraestructura pública de agua para abastecerla; entre otras.

Sobre la negociación mencionada de Kiko Vega con el empresariado, quizá el motivo de su falta de inconformidad en 2016 fue la promesa de contratos para estas y otras obras; u otros acuerdos, como por ejemplo el decreto de su gobierno del 23 de junio de 2017, en el que se estableció una reducción del costo del metro cúbico de 56.59 a 19.55 pesos a industrias que posean plantas de tratamiento de agua, y que estaba dirigido a Constellation Brands y a otras industrias de alto consumo de agua como la planta de Heineken en Tecate.

Toda la soberbia, opacidad y autoritarismo con el que impulsaron estos planes tenían también como trasfondo un cálculo político sobre que la ciudadanía no se iba a movilizar o que las protestas serían menores. Se equivocaron. Y el costo de su subestimación al pueblo bajacaliforniano les salió caro, pues su proyecto se vino abajo en gran medida.

Ahora bien, con respecto a los actuales aumentos, la correlación de fuerzas es distinta. Y no sólo porque en 2019 y 2021 Morena ganó la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, y que esto se debió, por un lado, al impulso de la ola lopezobradorista a nivel nacional, el cual parte del rechazo popular a las políticas neoliberales, y por el otro, al debacle del PAN a nivel estatal, sino también debido a que se tiene el antecedente de las enormes protestas de enero de 2017 que echaron abajo la ley de aguas y de la posterior cancelación de la planta cervecera de exportación mediante una votación aplastante. De ahí que el gobierno haya planteado un aumento escalonado para el uso doméstico, pues no se quisieron arriesgar a movilizaciones similares. Ese es otro triunfo de la ciudadanía, el hecho de que el costo político de decisiones impopulares en materia de agua sea considerablemente grande. Yo creo que, ante esto, ni el PAN se hubiera atrevido a plantear un aumento parejo.

A su vez, la composición del Congreso es más compleja. Prueba de ello es que el gobierno de Marina del Pilar propuso que los aumentos escalonados iniciaran en la tarifa básica, y fue una diputada de su partido, Michel Sánchez, quien reviró esto y planteó una adenda para que se exentara a los usuarios que consumen menos de 15 m3, lo cual fue apoyado por el resto de la bancada morenista. Según trascendidos, esto provocó molestias en el secretario de Hacienda. Eso sí, en otros temas, las y los legisladores aprueban sin rechistar todo lo que envía la gobernadora.

En cuanto a la alianza con el empresariado, si bien es conocido que el gobierno de Marina del Pilar tiene una buena relación con este sector, así como con ciertos bloques del PAN (a diferencia de su antecesor, Jaime Bonilla, quien estaba abiertamente enfrentado a ellos), el peso mayor que tuvo el aumento a la tarifa no doméstica (que afecta a las grandes industrias) y la respuesta de rechazo de las agrupaciones patronales dan cuenta de que las simpatías y acuerdos con este sector no son tan estrechos. A menos que esto sea una simulación o una estrategia para negociar obras u otras prebendas con el gobierno estatal. A final de cuentas, todo se negocia.

Desde mi punto de vista, lo más criticable de la reforma, aparte de las afectaciones a los sectores populares que expliqué antes, es la poca transparencia con la que se impulsó, especialmente la falta de explicación sobre su verdadera motivación y sobre el destino de los ingresos extras, así como el haber modificado la ley de ingresos en curso a dos meses de que concluya el año fiscal. Más aún si esto se contradice con las declaraciones de Marina del Pilar de que este año no habrían nuevos impuestos y aumentos. Y por supuesto, la nula inclusión de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de agua. Por lo que todo esto sustenta la afirmación de que la reforma es una medida meramente recaudatoria, que no es parte de un plan integral para resolver los problemas del sector hídrico.

Pero he aquí lo contradictorio para quienes defendemos el agua: sí, es una medida recaudatoria, pero está dirigida a recaudar más del sector productivo y sobretodo, quienes se van a ver más afectados son los grandes empresarios. Por tanto, hay que definir claramente las demandas para no caer en la defensa de quienes han convertido el agua barata en un gran y lucrativo negocio. Por el contrario, apoyemos a los pequeños negocios, cuyos incrementos nos afectan al conjunto de la población, y a los sectores domésticos que, por distintas circunstancias, requieren más de 15 m3, no por lujo, sino por necesidad básica. Y sobre todo, sigamos inclinando la correlación de fuerzas a favor de las mayorías, porque los problemas del agua, y otros, seguirán agravándose.

Y ahora sí por último, al siguiente día de la aprobación de la reforma, la gobernadora presentó (quizá para atenuar la falta de transparencia mencionada), sin mucho detalle, un programa de ocho obras estratégicas para garantizar el suministro de agua en el estado. Aquí saltan a la vista varios proyectos que también fueron impulsados vía APP por Kiko Vega, como fue la planta desalinizadora binacional de Rosarito o la desaladora de San Quintín, entre otros. Vale la pena hacer también un análisis comparativo de estos proyectos, una vez que se tenga mayor información al respecto (si son APP o no, licitaciones, contratos, empresas, etc.), para ver las diferencias y similitudes con los impulsados por el último gobierno panista y cómo se expresan en el terreno actual de la correlación de fuerzas. Pero eso será en otro artículo.

*El autor es Maestro en Geografía por la UNAM. Escribe análisis y publica mapas en el blog Geografía Septentrional.

Nota: Los datos de consumo por tipo de cliente los obtuve por transparencia sólo para el caso de CESPM y están actualizados hasta 2016. Recientemente solicité los datos de 2017-2021 y CESPM me los negó argumentando que son documentos que no se encuentran disponibles tal cual los solicité, lo cual es absurdo pues fue la misma redacción de la solicitud que hice en 2017 y que sí fue cumplida. En CESPM hay mayor opacidad hoy que en 2017


También te puede interesar El Radiador: La ruptura

 

Iván Martínez Zazueta