Mucho se ha debatido en los últimos días sobre la reforma electoral que de manera exprés aprobó el Congreso de Baja California el pasado sábado 2 de septiembre y que, entre otras cosas, eliminó la obligatoriedad de asistir a los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
Por eso, en esta ocasión me gustaría detenerme un poco en las “otras cosas”, particularmente en la serie de modificaciones que impactan directamente al funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC).
Con el pretexto de su autonomía, el Tribunal ha pasado desapercibido y se convirtió en un organismo menos transparente, imparcial y que en realidad brinda poca certeza al escenario electoral.
Lo que les comento tiene un origen, y es aproximadamente en mayo del 2019, cuando con el voto de los magistrados Jaime Vargas Flores y Leobardo Loaiza Cervantes, el TJEBC permitió extender el periodo de la gubernatura de dos a seis años, justo a petición del entonces candidato, Jaime Bonilla Valdez.
La historia ya la conocemos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evidenció a los magistrados locales y revocó la sentencia, por lo que Bonilla tuvo que recurrir al Congreso del Estado que también fue exhibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue desde ese 2019 que la injerencia del ahora Senador Bonilla Valdez en el Tribunal Electoral fue muy evidente. Prácticamente todos los recursos que llegaran eran favorables al entonces gobernador o su equipo cercano.
Cuando Bonilla Valdez dejó la gubernatura se pensaba que el TJEBC sería un organismo más independiente, pero no fue así.
El ingreso de Marina del Pilar Ávila Olmeda y su grupo político en el poder, representó una amenaza para el exgobernador, a quien le llovieron denuncias de índole electoral en su contra, pero en prácticamente todas resultó beneficiado.
Incluso se presentaron denuncias por comentarios misóginos de Bonilla Valdez en contra de Ávila Olmeda, lo que se considera violencia política en razón de género, pero cuando llegaban al Tribunal eran desechadas.
Lo más reciente ocurrió con el diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, que en más de una ocasión fue salvado por los magistrados del TJEBC de ser sancionado por violencia política, también por sus comentarios en contra de la gobernadora. Tuvo que ser la Sala Superior y la Sala Regional Guadalajara quienes ordenaron la sanción e incluso inscribirlo en el registro de agresores.
Todo lo anterior no pasó desapercibido para la gobernadora, quien por cierto nunca ha hecho un pronunciamiento sobre el funcionamiento del Tribunal Electoral, pese a las decisiones que ha tomado.
Tampoco pasó desapercibido para la corriente política que controla Morena actualmente en Baja California; uno de ellos, el diputado Juan Manuel Molina García.
El legislador, quien también ha sido fuertemente señalado por Jaime Bonilla Valdez y Marco Antonio Blasquez, aprovechó la reforma electoral para meterle mano al tribunal.
Sin afán de extenderme; para eso pueden echarle un ojo a la reforma aprobada, las modificaciones prácticamente buscan quitarles poder a los magistrados del tribunal.
Entre otras cosas, les ordenan ser más rápidos en la emisión de sus sentencias; olvidarse de las sesiones virtuales, las cuales seguían haciendo con el pretexto de la pandemia; justificar el retraso de las resoluciones; la forma en cómo deben sustituir las magistraturas vacantes y hasta les obligan a ponerse de acuerdo en el presupuesto, de lo contrario el Congreso tendrá injerencia.
De verdad podría extenderme mucho en este tema que raya en lo inconstitucional, toda vez que puede representar una violación a la autonomía del organismo.
Hasta ahora, los magistrados no se han pronunciado por las consecuencias de esta reforma. Como ha sido desde hace algunos años, los integrantes del tribunal mantienen un perfil bajo y alejados de la opinión pública.
Es muy evidente que la reforma electoral aprobada fue una demostración de fuerza del grupo cercano a la gobernadora. No es casualidad que haya sido aprobada justo el año previo al proceso electoral; tener de tu lado al tribunal siempre es una ventaja.
Desde lejos, la gobernadora mandó un mensaje con dedicatoria especial a los magistrados; si quieren seguir acatando las órdenes de Jaime Bonilla Valdez habrá consecuencias.
*El autor de esta columna es cofundador de la Agencia Informativa RadarBC
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