Decenas de activistas y organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad Nacional atención médica para migrantes detenidos
Washington, DC. Diversas organizaciones y activistas exigieron al gobierno federal atención médica para migrantes detenidos.
Entre las organizaciones demandantes se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU de los condados de San Diego e Imperial, la ACLU de Texas, el Servicio de la Familia Judía de San Diego y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA.
Junto con 83 organizaciones de defensa y 51 profesionales médicos, enviaron una carta al Comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), Chris Magnus, para exigir al CBP defender los derechos reproductivos de los migrantes.
Los signatarios instaron a CBP a limitar estrictamente la detención de personas embarazadas, posparto, lactantes y sus familias, al período de tiempo mínimo necesario para procesarlas y liberarlas a sus redes de atención en los Estados Unidos.
Monika Langarica, abogada del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, afirmó que “el CBP debe, como política uniforme, liberar a cualquier persona que esté embarazada, en posparto y/o amamantando a sus redes de atención lo antes posible.
Esto, agregó, para que ellas y sus familias, incluidos los niños pequeños, puedan continuar con sus casos de inmigración y atender sus necesidades relacionadas con la salud en condiciones seguras y humanas.
“Cada día que pasa sin una política de este tipo pone en riesgo a más familias”, agregó Langarica.
Antecedente
Hace casi un año, el 1 de noviembre de 2021, un grupo de once senadores estadounidenses recomendaron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, adoptar una política que reduzca el tiempo en que los inmigrantes y sus familias permanecen detenidos.
El CBP reaccionó al adoptar nuevas pautas con salvaguardas limitadas el 23 de noviembre de 2021.
Sin embargo, las pautas actualizadas confirmaron los planes de CBP de continuar con la detención de esta población y no incluyeron el procesamiento acelerado en su política.
“No hay forma de que las personas obtengan atención de salud reproductiva adecuada bajo la custodia de CBP”, aseguró Esmeralda Flores, defensora principal de políticas en la ACLU de los condados de San Diego e Imperial.
“Estamos hablando de instalaciones que son notorias por condiciones degradantes y negligencia médica en general”, señaló.
Las personas embarazadas, lactantes y posparto deben ser dadas de alta para obtener el nivel de atención que necesitan y merecen, expuso Flores.
La carta detalla una queja anterior de un incidente de febrero de 2020, en el que una mujer representada por la ACLU de los condados de San Diego e Imperial y el Servicio de la Familia Judía de San Diego fue arrestada por oficiales de la Patrulla Fronteriza mientras estaba en trabajo de parto activo.
A la mujer se le negó atención médica adecuada y tuvo que dar a luz mientras se aferraba a un bote de basura en la estación de la Patrulla Fronteriza de Chula Vista.
La madre y su bebé ciudadano estadounidense recién nacido se vieron obligados a pasar una noche de detención posparto en la estación de la Patrulla Fronteriza.
Informe
Un informe posterior de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS presentó imágenes inquietantes de la madre acostada en un banco de concreto de una celda de la Patrulla Fronteriza con su bebé recién nacido ciudadano estadounidense, envuelto en una manta de aluminio para calentarse.
“Hemos visto los resultados del tratamiento atroz de CBP de las personas embarazadas y posparto y sus hijos pequeños, incluso cuando ha llevado a situaciones que amenazan la vida, después de que estos migrantes vulnerables ingresen a nuestro cuidado para los servicios de refugio de relevo”, dijo la abogada Kate Clark, directora de servicios de inmigración en el Servicio Familiar Judío de San Diego.
“Todas las personas merecen atención de salud reproductiva segura y adecuada que defienda su dignidad y autonomía, incluidas aquellas que buscan su derecho legal de asilo en los Estados Unidos”, indicó Clark.
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