El proyecto de la planta desaladora de playas de Rosarito, el cual prometía convertirse en un importante proyecto no solamente en el país y sino de todo el subcontinente, representa uno más de los ejemplos de la falta de planeación y la sobredosis de política que sufren no solamente Baja California sino el país entero.
Impulsado durante el gobierno del Gobernador Francisco Vega, este proyecto (señalado junto con otros más por sus dudosos resultados) terminó siendo cancelado por su predecesor Jaime Bonilla Valdez.
El problema es que los propietarios del corporativo involucrado en el desarrollo de esta importante planta desaladora de agua de mar ahora exigen al gobierno que encabeza Marina Ávila Olmeda el pago de más de 50 millones de dólares con la finalidad de recuperar la inversión realizada.
Aunque no se ha dado a conocer abiertamente, una situación similar debe estar ocurriendo en el caso de la planta cervecera Constellation Brands, la cual tenía invertidos cientos de millones de dólares en la planta que construye al sur de Mexicali.
Este proyecto, de alrededor de mil 500 millones de dólares, fue cancelado por la presión de grupos ambientalistas y con la venia de la Presidencia de la República a pesar de los beneficios (ya sean reales o imaginarios) expuestos por los gobernantes que en su turno ostentaban el poder y por no pocos empresarios que se habrían beneficiado del mismo a pesar del aparente impacto ecológico que habría causado en nuestra región.
En ambos casos, el asunto partidista ha tenido mucho más peso que el de la planeación económica, social, ambiental y de otra índole.
Ahí está también el puente del bulevar Lázaro Cárdenas, el cual, según una investigación de mi colega Christian Torres, no tiene mucha razón de ser, dado que otras intersecciones altamente utilizadas representan un peligro mayor para los automovilistas y los peatones que el que se encuentra en construcción al sur del Centro Cívico.
Teniendo Baja California excelentes arquitectos, urbanistas, ingenieros y especialistas conocedores en la forma en la que Baja California ha crecido y pudiese crecer en el futuro para el mejoramiento de la calidad de vida de su población, estas decisiones han terminado en manos de gente que carece del conocimiento y a la cual le sobra el poder.
El alto costo que representa el hecho de dar inicio a proyectos de esta envergadura para posteriormente cancelarlos significa un serio golpe para la población y los servicios que debiera recibir.
En el caso de la desaladora estamos hablando de alrededor de mil millones de pesos los que exige la corporación originaria de las Islas Caimán debido a la cancelación.
Así, queda claro que en lugar de impulsar proyectos que realmente cuenten con las bases para hacerse realidad y que en teoría así ocurre con el estudio de los propuestas en las agencias públicas correspondientes por capricho de las autoridades esos proyectos se hacen porque se hacen.
Creo que es hora de dejar este tipo de proyectos a los expertos encargados de analizar la viabilidad económica y ambiental y hacer de algún modo que la política influye lo menos posible.
El Periscopio: Sobredosis de política
